La medida fue dictada hoy por la juez federal María Servini de Cubría quien además le trabó embargo hasta cubrir los cuatro millones de pesos.
La ex funcionaria está imputada de haberse beneficiado con parte de ese dinero y perjudicado los intereses del Estado mediante "la abusiva disposición de los bienes del Estado y con la finalidad de procurar un lucro indebido para si y para terceros".
La causa se inició a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción quien solicitó que se investigue si se pagaron sobreprecios a raíz de la contratación directa de la firma Lautrec Publicidad por la suma de 6,9 millones de pesos, cuando la Sindicatura General había estimado los costos de la campaña en dos millones.
Bello fue indagada el 7 de mayo, oportunidad en la que aseguró que la causa estaba "armada" para perjudicarla, ya que en la operatoria cumplió con "todos los plazos legales" y que estaba "habilitada para la contratación directa".
Por el contrario, el fiscal de la causa Carlos Stornelli sostuvo que Bello y tres de sus colaboradores "obviaron los mecanismos legales requeridos" para la contratación que no sólo comprendió a la firma publicitaria sino también a una empresa de correo privado que tuvo a su cargo la distribución del material.
Asimismo, se señaló que tras la campaña las firmas contratadas efectuaron numerosas disposiciones de dinero "respaldadas con documentación adulterada vinculada con la contratación, sin que se pudieran justificar los motivos y destinos de esas sumas".
Bello se defiende
En su descargo, la ex funcionaria sostuvo que Lautrec Publicidad fue la firma que "cotizó el precio mas barato" y que el precio testigo fijado por la SIGEN no le fue informado en su momento por lo que "me tuve que enterar por los medios de prensa".
Consultada por Diariojudicial.com, Claudia Bello dijo que fue perjudicada por "un funcionario de la SIGEN de apellido Di Leiva, que cambió un dictamen y por el fiscal Carlos Stornelli que no quiso investigar". Según la ex funcionaria, “un dictamen de la SIGEN había autorizado la contratación, pero un funcionario de menor jerarquía cambió ese dictamen y en vez de 7 millones dijeron que el precio había sido por 5 millones de dólares”. Bello agregó que Di Leiva habría realizado esta maniobra durante el actual gobierno.
La ex funcionaria se mostró indignada ante la resolución de la juez Servini de Cubría, al tiempo que reiteró que el fiscal Stornelli “no investigó”. También dijo que “con este nivel de justicia que existe en la Argentina, debería implementarse el juicio por jurados”, casi sin imaginar que la próxima escala procesal de su caso sea la instancia del juicio oral y público.
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