La iniciativa, llamada “Campaña de Entrenamiento, Prevención, Distribución y Difusión de la Problemática del año 2000”, le costó al Estado nacional más de 7.000.000 de pesos, cuando según un informe de la Sindicatura General de la Nación no podría haber costado más de 4.965.000.
Para los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani el papel de Bello en las contrataciones directas fue “preponderante”, lo que “permite sostener el interés manifestado para que los trabajos contratados fueran llevados a cabo por Lautrec Publicidad”.
En primera instancia, la juez María Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli, en quien la magistrada había delegado la instrucción, imputó a Bello en siete contrataciones irregulares, todas con la empresa Lautrec Publicidad.
Sin embargo, los camaristas redujeron a dos los casos reprochables, porque –argumentaron- hubo errores en la instrucción que hicieron caer parte de la acusación. Además, Irurzun y Cattani cambiaron las figura delictivas imputadas a Bello.
Ahora, en una de las contrataciones se le imputa “administración fraudulenta” y en otra “negociaciones incompatibles con la función pública”. Los camaristas además decidieron reducir a la mitad el embargo sobre los bienes de Bello, que la juez Servini había fijado en 4.000.000 de pesos.
Además, la cámara confirmó el procesamiento de otros ex funcionarios del área: Angela Maria Riggon, Víctor Hugo Cantero y Héctor Horacio Burotto, a quienes les trabó embargo por 1.500.000 de pesos a cada uno. También confirmaron la resolución de primera instancia en cuanto a la situación procesal de Alejandro Gustavo Val y Roberto Arturo Márquez.
En la extensa resolución, de más de 120 carillas, los camaristas ordenaron además una lista de nuevas medidas de prueba, como ampliaciones de indagatorias, que prometen la reactivación de la causa.