04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Se unificarán las causas penales de Aerolíneas

Las cuatro investigaciones penales –una de ellas en Instrucción- quedarán en un juzgado federal. El pasivo de la empresa, que será presentado antes del 4 de julio, alcanza los 950 millones de pesos.

 
La crisis de Aerolíneas Argentinas se juega en varios frentes judiciales. Por un lado, el pasivo que presentará ante la justicia comercial en su fecha límite del 4 de julio alcanzaría los 950 millones de pesos, según adelantaron a Diariojudicial.com fuentes de la empresa que trabajan a todo pulmón para llegar con la presentación a esa fecha, un requisito ineludible para que se dé curso a la convocatoria de acreedores.

Por otro, según advirtieron a este medio fuentes judiciales, mañana se unificarían las tres causas que se instruyen en la justicia federal por el supuesto vaciamiento de la empresa, y sucedería lo mismo con el expediente que en el fuero de instrucción maneja el juez Ernesto Botto, que investiga los delitos de defraudación y asociación ilícita.

Según fuentes del juzgado, Botto mandará un enviado a Comodoro Py a fin de “negociar”,estas fueron sus palabras la competencia, aunque pocas posibilidades quedan para que la causa no se concentre en el fuero federal al haber en juego una participación estatal. De todas formas la decisión será de la Cámara del Crimen, que hasta ahora sólo tiene en su poder un incidente por la entrega de la documentación.

Las causas que tramitan en los tribunales de Retiro recayeron, paradójicamente, en tres juzgados con sus titulares renunciantes: Adolfo Bagnasco, Gustavo Literas y Carlos Liporaci, reemplazados transitoriamente por Rodolfo Canicoba Corral, Juan José Galeano y Gabriel Cavallo, respectivamente.

En los cuatro juzgados –incluido el de Botto- se investiga si existió a través de la administración de la aerolínea de bandera un vaciamiento de las distintas empresas que fueron vendidas y que hoy están en manos de la Sociedad Española de Participación Industrial (SEPI), aunque a través de distintas figuras típicas.

Quienes también se encuentran trabajando en la pesquisa son la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (Ufitco) y la Oficina Anticorrupción, que recibieron sendas denuncias de la diputada Alicia Castro, además representante gremial de los aeronavegantes.

El fiscal Maximiliano Rusconi, titular de la Ufitco, intentará probar que se cometió el delito de subversión económica, que agravado por tratarse de un servicio público sería uno de los pocos encuadres típicos que no habría prescripto, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron al comenzar la década del 90. Avanzada su investigación, Rusconi tendrá que aportarla al juzgado en el que queden unificadas las causas en el fuero federal.

Por el lado de la Justicia comercial, las fuentes consultadas aseguraron que el pasivo de 950 millones de pesos no podrá ser afrontado por la empresa aunque en la convocatoria se llegue a una quita del 40 por ciento. La única solución a una quiebra inminenete estaría en que la SEPI insufle algo de oxígeno, un remedio que hasta el momento no se mostró con voluntad de aplicar.

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luciano hazan / dju
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