A su regreso de La Rioja, donde permaneció entre el lunes y el miércoles de esta semana, Marijuán informó al Procurador Nicolás Becerra de la situación de presión que debió soportar durante su permanencia en aquella provincia, en particular por parte del gobernador Maza, quien públicamente dijo que la diligencia del fiscal constituía "una actitud persecutoria".
En una nota dirigida a Becerra, los fiscales reclamaron a su jefe que "arbitre las medidas necesarias para asegurar el debido resguardo de la autonomía funcional con que la ley inviste a los Magistrados Fiscales, a efectos de dar acabado cumplimiento con el mandato impuesto por el artículo 120 de la Constitución nacional, y artículos 25 incisos a, b y c, 40, incisos a y b, y demás concordantes".
De los 700 casos denunciados por la ANSeS, Marijuán pudo secuestrar los legajos de 157 personas que cobrarían esas jubilaciones falsas, las que ocasionarían un perjuicio al Estado de aproximadamente 8 millones de pesos. Fuentes judiciales confiables estimaron que esa suma se elevaría a los 60 millones si se comprueba la falsedad de las 700 jubilaciones cuestionadas.
En el escrito conocido hoy, los fiscales expresaron que “preservar y defender la autonomía del Ministerio Público Fiscal de manera enérgica no constituye por sí la pretensión de una defensa corporativa, sino una obligación legal de todos los fiscales con la finalidad de continuar garantizando los intereses de la sociedad conforme así lo consagra la Constitución Nacional y la Ley del Ministerio Público".
La nota fue firmada, entre otros, por los fiscales federales Jorge Álvarez Berlanda, Carlos Alberto Rivolo, Eamon Mullen, Jorge Di Lello, Gerardo Pollicita, Luis Comparatore, Federico Delgado, Eduardo Freiler, Pablo Recchini, Carlos Cearras, Jorge Dahl Rocha, Claudio Navas Rial, Guillermo Montenegro, Gerardo Di Masi, Eduardo Taiano y Patricio Evers.