B) REFUGIO. Así definió Marcelo Aguinsky – el juez que puso preso a Sarlenga- la situación del ex militar en Sudáfrica. El magistrado expresó en una resolución de hace más de dos años su preocupación por “las enigmáticas dilaciones que vienen sufriendo las distintas vías judiciales que tienen como protagonista a Palleros en su país de refugio” -párrafo que generó sorpresa en círculos diplomáticos por su dureza-. Lo cierto es que un tribunal de ese país, en un primer momento, detuvo a Palleros por el pedido de captura internacional que había librado Aguinsky en su contra, al que luego se sumó el de los jueces Urso y Speroni, pero que mas tarde otro juez sudafricano dejó sin efecto. Por ese pedido, Palleros estuvo detenido en la carcel, donde dijo que pasó frío, hambre y humillación. Pero tiempo después su suerte mejoró pese a que sufrió una nueva detención. Es que la policía migratoria de Sudáfrica lo volvió a arrestar cuando pretendía salir de ese país con destino a Singapur utilizando un pasaporte panameño que resultó ser falso. Consultadas las autoridades del país centroamericano, informaron que el número del pasaporte a nombre de Emilio Diego Palleros Paz –ese es su apellido materno que utilizó en el documento, colocando el de Palleros como un tercer nombre de pila- correspondía a un ciudadano de origen asiático nacionalizado panameño. Pese a todo eso y al triple pedido de extradición que formularon los tres jueces argentinos –que aún no tiene resolución definitiva-, el hombre sigue afirmando que tan sólo es un chivo expiatorio y Sudáfrica sin dar señales de cooperación judicial concreta, ni aún después de haber comprobado que ingresó a su territorio con un pasaporte falso.
C) ABOGADOS. Sigue siendo el tema que más preocupa al entorno de Carlos Menem después de haberse asimilado el seguro procesamiento y prisión preventiva que le dictará este martes o miércoles el juez Jorge Urso, aunque el abogado Oscar Roger mantiene alguna esperanza de falta de mérito. A los nombres anticipados por esta columna el domingo pasado -Carlos León Arslanián, Jorge Landaburu y Jorge Sandro- se le agregaron Marcelo Sancinetti, otro abogado cordobés pero que trae entre sus alforjas haber salvado de una condena al ex gobernador radical Eduardo Angeloz -algunas voces sostienen que ya está trabajando- y Esteban Righi, el ex ministro de Interior de Héctor Cámpora, en aquellos complicados años de inicios del 70 cuando "Montoneros" como rama armada del Movimiento Nacional Peronista copó una parte del poder del entonces presidente y a quien adhería el propio Carlos Menem, flamante gobernador de La Rioja. Pero no se sabe si por el alejamiento ideológico que tuvo el ex presidente de aquel sector gravitante del peronismo de los 70 o por el efecto que causó en su entorno el pedido de honorarios de $600.000, la defensa de Righi aún está lejos del actual morador de la quinta de Don Torcuato. Todo parece apuntar a que Righi seguirá, por ahora, con sus parsimoniosos almuerzos en un conocido centro de una colectividad extranjera en Barrio Norte. Pero la jugada más audaz partió de una importante voz del Poder Judicial: buscar un defensor oficial de fuerte temperamento y el asesoramiento en las sombras de algún magistrado para atacar en la cámara federal. Esa movida iría acompañada de un supuesto reacomodamiento de fuerzas en la Sala II acompañando el disentimiento cuasi público que ha hecho de la instrucción de Urso, el camarista Eduardo Luraschi. Pero ello tendría que ir acompañado de la aceptación -por acción u omisión- de sus colegas Martín Irurzun y Horacio Cattani, quienes en repetidas ocasiones se han mostrado duros con el ex presidente.
D) GESTO. De preocupación fue el que exhibió el abogado León Arslanián al término de su entrevista con Canicoba Corral. Es que el ex ministro de Justicia de Carlos Menem y Eduardo Duhalde aprovechó el fallo de la Corte que dicta la nulidad de la prisión preventiva de Víctor Alderete para arremeter contra el juez. Con el dominio propio de quien han ejercido cuotas de poder importante, Arslanián junto a su socio, Carlos Beraldi, se apersonó en el tercer piso de Comodoro Py al 2002 y luego de las frases de estilo, impactó en Canicoba con el pedido de una pronta liberación del ex interventor en el PAMI. El juez, quien es de lo que no se arredan con facilidad, esbozó una irónica sonrisa ante el pedido de Arslanián y explicó su interpretación: "la Corte sólo se pronunció sobre el dictado de prisión preventiva de Bagnasco -Adolfo, ex juez que acaba de ser querellado por Alderete- pero no dijo nada sobre la asociación ilícita por la cuál debe resolver la cámara y por el que ustedes no apelaron", fue la respuesta en tono de reproche por parte del juez que provocó un momento de tensión. La reunión terminó cuando Canicoba Corral le requirió a los abogados, ya en el tono impersonal de quien ejerce la magistratura, que el planteo se haga por escrito y que resolverá en el breve plazo. Claro que la respuesta ya es obvia: Canicoba Corral considera que la situación de Alderete debe ser resuelta por la Sala I de la Cámara -Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani más Martín Irurzun si hay empate- ya que la prisión preventiva por presunta jefatura de asociación ilícita está siendo revisada en esa instancia.
E) ENOJO. Del defensor oficial Eduardo García con el tribunal federal oral número 4 por haber postergado el inicio del juicio contra ex militares carapintadas que fueron sospechados en su momento de haber provisto los explosivos para cometer el cruento e inhumano atentado terrorista contra la AMIA. García se quejó de que los jueces del TOF -Leopoldo Bruglia, María Sanmartino y Horacio Vaccare- postergaran ese juicio que debía iniciarse el pasado 25 de junio para después de la feria judicial por pedido de los fiscales del juicio por el ataque contra la mutual judía -Miguel Romero, Alberto Nisman, Eamon Mullen y María Isabel Fernandez Orje- y no dio vista a la defensa de los suboficiales Luis Alberto Ferreyra, Ruben Omar Mancilla, Ricardo Villarino, Miguel Angel Lovera y Carlos Manuel Brites. Estos ex militares conformaron un grupo carapintada del Ejército que se reportaba al Modin, más precisamente al ex diputado Emilio Morello, que entregaban armas y explosivos de los arsenales de Campo de Mayo a bandas de piratas del asfalto. Precisamente esta conexión y sus antecedentes ideológicos fue la que levantó sospechas en los fiscales sobre una supuesta participación en ese cruel atentado. Pero el juez Juan José Galeano separó esta instrucción y la derivó a otro juzgado que hizo culminar la investigación en este juicio oral que se iba a iniciar la semana pasada, en forma separada de la causa central que ventilará ese mismo tribunal en la segunda mitad de este año. Pero el pedido de postergación preocupó al defensor porque de esa manera se vuelve a incluir a los acusados como parte de la trama de la AMIA.
F) CONTRAATAQUE. Del juez federal Roberto Marquevich, quien en las últimas semanas soportó duros cuestionamientos por la instrucción de la conocida operación de narcotráfico "Strawberry". Un tribunal de juicio oral de San Martín le reprochó haber cometido supuestos gruesos errores en la investigación del caso, porque Marquevich se habría comprometido con la agencia antinarcótico alemana a dejar seguir el embarque de más de 1.000 kilos de cocaína hasta Alemania para llegar a los supuestos jefes y después abortó el procedimiento al allanar y detener a los traficantes locales. El juez de San Isidro se defiende con que la droga estaba en el país -se decomisó en su totalidad- y no había seguridades de que en Alemania se fueran a encontrar a los cabecillas. Además exhibe como certificado de buena conducta que toda la instrucción realizada por él fue confirmada por la cámara federal de San Martín, un tribunal que no le ha sido muy benévolo en sus apreciaciones críticas. Pero la jugada fuerte de Marquevich estriba en denunciar una supuesta conspiración que sostiene se ha levantado en su contra al punto que involucra en ella al mismo tribunal de San Martín que lo acusó, a dos medios, a un actual intendente de la provincia de Buenos Aires y a otro integrante del poder judicial.