Estaba previsto para hoy que los magistrados que integran el Tribunal Oral 3 escucharan la opinión de los peritos, que darían definiciones técnicas respecto del arma utilizada y del impacto de bala, y de varios civiles que llegaron al lugar luego de que se produjera el incidente.
El lunes, durante la primera jornada del juicio, declararon seis testigos: tres policías y tres gendarmes. Ninguno cuestionó la materialidad del hecho; ni siquiera la defensa del procesado Jorge Daniel Salinas planteó cuestión alguna objetando que un disparo hecho con su arma reglamentaria haya dado en la cabeza del joven Daniel Héctor Coria.
De todas formas, el abogado defensor Ignacio Burlando sostuvo que medió provocación por parte de los jóvenes antes de que se desatara el episodio, el 27 de mayo del año pasado a las 5.30 de la madrugada, en la puerta de la escuela Natang Gesang, ubicada en la calle Perón 2461.
Del auto de elevación a juicio surge que el grupo de jóvenes "venía voceando consignas de un club de fútbol y tal vez provocando pequeños desmanes". Según el testimonio de los uniformados alguno de los muchachos agredió verbalmente y arrojó piedras contra el oficial que estaba de guardia.
A pesar de la oscuridad, el gendarme acertó un disparo a unos 50 o 60 metros de distancia que dio en la frente de Coria.
En la etapa instructoria, Salinas admitió que había realizado el disparo con su arma reglamentaria, situación que se presume que confirmarán hoy los peritos. El próximo viernes a la mañana finalizará el debate con los alegatos, y los camaristas Miguel Ángel Caminos, Rodolfo Ricotta Demby y Marcelo Avrutín Suárez darán el veredicto por la tarde.
Dada la confesión del gendarme y teniendo en cuenta la distancia, la oscuridad y la certeza del disparo en la frente, en la etapa de instrucción se desechó cabalmente la idea de que el gendarme hubiese disparando bajo el justificante de la defensa propia.
Tanto el abogado de la familia Coria, Rodolfo Kattan, como el fiscal de instrucción Jorge Mola, que pidió la elevación a juicio oral, pidieron el máximo de la pena prevista para el tipo penal de homicidio simple, es decir, 25 años de prisión.