Becerra había cursado una nota al Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, el pasado 27 de junio, cuestionando "la conducta personal, actuación e idoneidad" de Freiler y Delgado, en relación con una reunión en la cual se analizaron dos cuentas reservadas de la SIDE, en la sospecha que de ese organismo habían surgido los fondos con los cuales podrían haberse pagado los presuntos sobornos en el Senado, cuando se trataba la Reforma Laboral, en abril del año pasado.
De la reunión que se llevó a cabo en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal participaron el juez que tiene a cargo la investigación, Gabriel Cavallo; el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, Carlos Becerra; los camaristas federales Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani y el fiscal de Cámara Germán Moldes.
Respecto de los cargos formulados por el titular de la SIDE, el documento conocido hoy, dirigido al Procurador Nicolás Becerra, señala que el jefe de la SIDE "formula de manera arbitraria y con argumentaciones prejuiciosas, imputaciones directas" contra los fiscales de la causa, a la vez que manifestaron su alarma y desagrado por "las conclusiones a que arriba dicho funcionario" ya que "ligeramente y sin sustento lógico, dirige sus cuestionamientos exclusivamente hacia Freiler y Delgado".
Al respecto, estimaron que "por su génesis y expresión" esta actitud de Becerra contiene "un indudable sesgo tendiente a desvirtuar, distraer y confundir el verdadero objeto de la investigación judicial en marcha, cual es la búsqueda de la verdad material de los sucesos denunciados".
"En este contexto particular, y conforme viene sucediendo en el marco de otras investigaciones en la que intervienen los integrantes del Ministerio Público Fiscal por imperio de la ley, reiteramos nuestra inquietud, respecto de la conducta adoptada por funcionarios, que a título personal o en representación de los organismos que conducen, pretenden introducir o instar cuestiones absolutamente ajenas al objeto de un proceso penal judicial, lo que constituye una clara injerencia sobre este Poder del Estado".
Finalmente instaron al jefe de los fiscales y a demás autoridades de la República a que "se arbitren las medidas necesarias para asegurar el debido resguardo de la autonomía funcional con que la ley inviste a los Magistrados Fiscales, a efectos de dar acabado cumplimiento con el mandato impuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional".
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