Según indicaron fuentes judiciales de nuestro país, hasta el momento el pedido de captura no fue remitido a ningún juzgado federal ya que la oficina de INTERPOL Argentina aún no recibió la solicitud oficial.
Otra posibilidad es que el pedido originado en Nuremberg ingrese vía diplomática por Cancillería tal como sucedió con las solicitudes del juez español Baltazar Garzón, quien había pedido la extradición de 48 represores argentinos, solicitud que nunca fue concedida.
Kaesemann fue secuestrada entre el 8 y el 9 de marzo de 1977, por fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Suárez Mason. Más tarde fue llevada a un cuartel donde fue torturada. Dos meses después, la estudiante alemana fue retenida en el centro de detención clandestino conocido como “El Vesubio”. Según la fiscalía de Nuremberg, que pidió la orden de captura, en la noche del 23 al 24 de mayo, Kaesemann fue esposada y encapuchada y, junto con otros 15 detenidos, conducida por fuerzas de seguridad bajo el mando y con conocimiento de Suárez Mason a la localidad de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. Allí la asesinaron con nueve disparos a quemarropa en la nuca y la espalda. El cadáver de la joven fue entregado a su padre, un teólogo alemán ya fallecido, dos meses después de su desaparición, tras exigirle treinta mil dólares.
“En su carácter de jefe del Primer Cuerpo de Ejército y Comandante de la Zona 1, el inculpado tenía el mando absoluto y disponía de toda la organización del lugar. El militar argentino controlaba cada operativo de detención y era dueño y señor de la vida o la muerte de los detenidos. De esta forma (Suárez Mason) era desde el punto de vista penal tan responsable como los ejecutores directos del asesinato", sostiene la fiscalía alemana.
El presidente de la Corte Suprema de Nuremberg declaró, por su parte, que las investigaciones para determinar la cadena de responsabilidades entre el inculpado y los autores directos del asesinato fueron "extraordinariamente difíciles".
Suárez Mason cumple actualmente prisión domiciliaria en el marco de la causa en que se investiga la supuesta existencia de un plan sistemático para el robo de bebés hijos de madres desaparecidas durante la última dictadura militar.
Al ser consultado telefónicamente sobre el nuevo pedido de captura en su contra, Suárez Mason dijo que desconocía ese reclamo, pero admitió que ya hubo otros pedidos en igual sentido "que fueron rechazados". De todas formas, el ex represor opinó que una medida de esa naturaleza "no corresponde" porque "no es legal".
Por su parte, Rodolfo Yanzón, patrocinante de familiares de ciudadanos alemanes desaparecidos durante la última dictadura militar, reclamó hoy que se "traduzca en hechos concretos" la solicitud formulada por el tribunal alemán. El letrado se mostró esperanzado de que se produzca la "efectiva captura" de quien comandó el disuelto primer Cuerpo de Ejército.
Otro pedido de extradición, pero de la justicia italiana y contra el ex capitán de fragata Alfredo Astiz se encuentra en estudio en el juzgado federal de María Servini de Cubría, quien el primero de julio último ordenó la detención del ex marino. Ayer, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron a la juez que Astiz continúe detenido en forma provisional, a los fines de la extradición.
La Justicia italiana requiere la presencia del ex integrante de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por el secuestro y desaparición, entre 1976 y 1977, de Ángela María Aietta y Juan y Susana Pegoraro.
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