A través de un comunicado, la Coalición de ONGs por la CPI desde Nueva York recordó que “hace tres años, en esta fecha, en una Conferencia Diplomática de cinco semanas realizada en Roma bajo el auspicio de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma fue aprobado contra todos los pronósticos por una abrumadora mayoría de 120 naciones a favor y siete en contra. Entre las naciones que votaron en contra del Estatuto se encuentran los Estados Unidos de América, Israel y China”.
“La CPI será el primer tribunal internacional permanente con capacidad para llevar ante la justicia a los individuos responsables de cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La CPI es proclamada generalmente como la piedra angular de un sistema de justicia internacional emergente, con competencia sobre los crímenes que ocurren tanto en conflictos armados internacionales como internos así como crímenes que ocurren en ausencia de un conflicto. De este modo, la Corte proporcionará un mecanismo para juzgar a los futuros Hitler, Pinochet y Pol Pot del mundo”.
Al respecto, la juez del Tribunal Oral Criminal número 6 de la Capital Federal, Carmen María Argibay, quien además fue designada el mes pasado por la ONU como integrante del Tribunal Penal Internacional de La Haya que investiga los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, señaló a Diariojudicial.com que “es muy importante que se instale la Corte Penal Internacional, como un adelanto para mantener el principio del Derecho Humanitario, pero las ratificaciones vienen muy lentas”.
Contrariamente a lo señalado por la magistrada, el Coordinador General de la Coalición de ONGs por la CPI, William Pace dijo que “la velocidad con la que los Estados están ratificando el Estatuto es verdaderamente asombrosa”. “Nosotros debemos asegurarnos ahora que todas las partes involucradas en este proceso histórico están haciendo los arreglos necesarios para que esta Corte entre en funciones dentro de los próximos seis o doce meses”, manifestó.
Por su parte, Argibay agregó que “el establecimiento de la Corte Penal Internacional es un avance en el sentido de que países que ratificaron el Tratado, si no quieren entregar a nacionales, se van a ver obligados a juzgarlos ellos. Es un compromiso entre gobiernos y estados en llevar ante la justicia las violaciones a los Derechos Humanos”.
Ante la consulta de si la Corte será además un Tribunal de apelación, Argibay señaló que aún no está explícita esa instancia porque aún no se ha establecido, pero si se podrán llevar casos de arbitrariedad relativa a derechos humanos, o de discriminación, entre otros. “Mientras los Estados no ratifiquen la CPI no tienen ninguna responsabilidad sobre sus nacionales. Hoy está ocurriendo eso con Alfredo Astiz, que se encuentra protegido en la Argentina con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que han sido declaradas inconstitucionales por el juez federal Gabriel Cavallo. Casos como el de Astiz, en el que Italia pidió la extradición por delitos cometidos contra ciudadanos italianos en la década del setenta, hoy dependen de la legislación interna de cada país”, puntualizó Argibay.
Acerca de la negativa de países como Estados Unidos a ratificar el Estatuto de Roma, Argibay dijo dudar de que “el parlamento norteamericano ratifique el tratado porque la CPI puede afectar a soldados estadounidenses que se encuentran en conflictos de guerra. Estados Unidos no quiere perder poder”.
“Lo mismo pasó con la Convención de los Derechos del Niño”, prosiguió “que no quisieron ratificarla porque dijeron en su momento que los menores tenían suficiente protección con los derechos internos, pero esa sólo es una excusa”.
Según el comunicado suministrado por la Coalición de ONGs por la CPI, “se espera que más ratificaciones sean depositadas en las semanas anteriores al aniversario. Asimismo, el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan ha incluido a la CPI en la lista de tratados que los países deberían considerar ratificar durante la 56º sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta sesión empezará en septiembre en la sede de la ONU en Nueva York. El estatuto de la CPI también fue considerado como una prioridad durante la sesión de la Asamblea General el año pasado; como resultado 15 países firmaron y seis ratificaron en un mes”.
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