La Paz-Bolivia (especial para Diariojudicial.com). Miles de reclusos, de los casi 10.000 reos que existen en las cárceles bolivianas han conmovido a la opinión pública cuando resolvieron ingresar en una drástica huelga de hambre -con labios cosidos para no comer ni tomar agua-, demandando la aprobación de una Ley de Ejecución de Penas sobre la que los parlamentarios no logran ponerse de acuerdo para hacer de las prisiones verdaderos centros de reforma social antes que simplemente de castigo mediante la pérdida de libertad.
Pero mientras los reos asumían actitudes de franco amotinamiento en las cárceles bolivianas, al punto de provocar que la policía los aísle totalmente impidiendo el ingreso de alimentos, agua y energía eléctrica en la Cárcel de Palmáosla en la ciudad oriental de Santa Cruz, a 700 kilómetros al Este de la sede de Gobierno, unos 5.000 universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés ganaron las calles de ésta capital demandando al gobierno la aplicación de planes de seguridad ciudadana.
La marcha estudiantil era una consecuencia del hecho de haber sido atracados y asesinados cinco universitarios, en los últimos dos meses, con el simple objeto de robarles ropa o algún objeto de valor. La Policía dijo que en La Paz y otras ciudades están actuando "cogoteros" que son atracadores violentos que dejan a la víctima muerta mediante asfixia, en unos casos, y en otros mediante el apuñalamiento.
El Gobierno, a través de sus autoridades, ha reconocido que en Bolivia ya no hay ninguna ciudad segura frente a una ola de hechos de violencia que generalmente se traducen en el robo con asesinato o la violación de mujeres que luego también son asesinadas. La policía está trabajando intensamente para levantar estadísticas que por ser simplemente cifras no reflejan las causas del crecimiento de la criminalidad.
La Policía Técnica Judicial (PTJ), es la oficina encargada de realizar las investigaciones criminales bajo la dirección de fiscales de materia y según datos recientes mensualmente recibe aproximadamente 800 denuncias que originan una sobrecarga de trabajo impresionante para un servicio policial que apenas tiene 150 funcionarios, entre jefes, agentes y auxiliares en esta área.
Por lo general, las ópticas sobre las causas del aumento de la criminalidad, pero sobre todo del grado de violencia con la que la los delincuentes actúan sobre sus víctimas, hasta el punto de causarles la muerte por el simple robo o hurto de sus especies, varían: para un segmento de la población la causa se encuentra en el creciente empobrecimiento de los sectores populares de la población, como consecuencia de la política de ajuste estructural y la economía de libre mercado que se ha introducido en nuestras naciones.
En cambio para otros, el aumento de la criminalidad y sobre todo la crueldad del atacante, radica en un extendido consumo de estupefacientes que van desde la marihuana, pasan por la pasta base de cocaína, el clorhidrato de cocaína, o simplemente de la gasolina que, combinado con el consumo de alcohol, constituye un cóctel explosivo que convierte a sus consumidores en hombres que lindan con la irracionalidad total o la locura.
Fuentes policiales han admitido que la mayoría de los accidentes de tránsito
en las ciudades bolivianas ha sido provocada por personas que han consumido
alcohol, o algún tipo de droga, o ambas cosas a la vez. A esto se suma
el creciente número de "pandillas" juveniles que se han dado a la tarea de merodear
en plazas públicas, consumiendo bebidas o drogas a la vista del público mostrando
no sólo su degradación sino su peligrosidad frente al resto de la sociedad.
Este cuadro así descrito a vuela pluma, es concordante con lo que está sucediendo,
por ejemplo, en las cárceles del Brasil, donde hay amotinamiento y fugas masivas,
pero al mismo tiempo el creciente índica de la criminalidad. Los problemas de
conductas penales se están dando en Buenos Aires, o Lima o Asunción del Paraguay
u otras ciudades importantes de nuestros países.
Entre el año 1997 y 1998, en el marco del MERCOSUR se han firmado importantes
convenios internacionales para combatir el índice de criminalidad de manera
conjunta, pero hasta ahora esos planes y programas, sobre todo para controlar
el tránsito de personas y vehículos entre las naciones del MERCOSUR, no se han
implementado porque los Estados están confrontando serios problemas financieros
que hacen que se desatienda la seguridad ciudadana.
El otro tema es que de manera creciente algunos miembros de la propia policía
aparecen involucrados en hechos delictuales generando una creciente desconfianza
de la población a su labor, aunque tampoco se puede desconocer su importancia
en esta materia.
Pero lo más grave es que dentro un proceso de globalización, en el que el delito
también parece haberse globalizado, los gobiernos hasta ahora no implementan
oficinas de estudio y planeamiento para diseñar políticas criminales que siempre
las han reclamado los más importantes penalistas como el Prof. Zaffaroni en
la Argentina, o el jurista Huascar Cajias en Bolivia.
No existe, por ejemplo, ni en la Policía y menos en los Ministerios de Gobierno,
una oficina que estudie permanentemente la evolución del crimen, pero sobre
todo sus causas para el crecimiento, de manera científica y en base al concurso
de profesionales de diversas disciplinas como sociólogos, psicólogos, matemáticos
estadísticos, psiquiatras, médicos, abogados y criminalistas que conjuguen diversas
disciplinas para hacer un diagnóstico cabal sobre las causas del crecimiento
de la delincuencia y la criminalidad en nuestros países que hasta hacen unos
30 años estaban clasificados como los más pacíficos y seguros del mundo.
A ello se suma que no existen en nuestros países datos estadísticos sobre el
índice de la criminalidad que se elaboren sobre la base de cuestionarios científicos
que permitan analizar las causas antes que simplemente la cantidad de delitos
cometidos.
Esta omisión por parte del Estado es el que está originando una creciente inseguridad en las ciudades de Sud América y la aparición de nuevas formas de delito. En Bolivia, por ejemplo, hasta hacen unos cinco años era impensable el atraco a un banco o una institución financiera en horas del día. Hoy día se ha vuelto un hecho corriente a lo largo y ancho del país.
Esto ha ocasionado que hoy por hoy, algunos barrios, sobre todo en el centro
del país, en el Departamento de Cochabamba, las juntas de vecinos se organicen
para reprimir a los ladrones de domicilios y atracadores mediante la consumación
de otro delito: el del linchamiento vecinal, tema sobre el que nos ocuparemos
en una próxima entrega.
Gerardo Irusta Medrano
Periodista boliviano, abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, autor
de 14 libros sobre narcotráfico, seguridad, y espionaje y servicios secretos
en el Cono Sur.