B) ONDAS. Circundantes, son las que parecen extenderse por el caso Aerolíneas Argentinas en los Tribunales. Como si ya no bastara la pelea jurídica en lo de Silva Garretón, ahora, han aparecido dos nuevas denuncias: una en el fuero federal contra una funcionaria de la secretaría de Transporte y la otra, por presunto contrabando. Según esos “papers” todo ronda en función del alquiler de dos aviones de la empresa Air Plus que pertenece al grupo Marsans S.A. que aspira entrar en la recompra de Aerolíneas a través de su controlada Air Comets. Pero en realidad se trata de un alquiler simulado ya que al ser compañías vinculadas no se trata de un leasing por el que no se pagan derechos aduaneros, sino de una importación lisa y llana que debería abonar los derechos correspondientes. También se trata de determinar porque a Air Plus, que realiza vuelos charters, se le permite hacer cabecera en Buenos Aires cuando debido a su nacionalidad debería triangular Buenos Aires-Madrid-Caribe, destino habitual de sus viajes. Obviamente que en medios aeronáuticos se criticó esta nueva acción judicial porque se entiende que se trata de otra intromisión de la Justicia en actos administrativos de un gobierno.
C) INFORMÁTICA. Ese parece ser el rubro donde la Aduana está apuntando sus investigaciones por el creciente contrabando denunciado por los competidores del sector. Por eso no llamó la atención que un grupo de policías aduaneros que reportan directamente al contador Eduardo Cassullo, ingresaran a la firma Frávega –muy importante en el rubro electrodomésticos-, para desarmar computadoras y determinar si las que allí se ofrecían a la venta eran parte de las que venían siendo rastreadas tras el allanamiento de un gigantesco depósito en la zona de Mataderos. Los investigadores nada quieren decir al respecto, quizá porque la punta de la investigación puede llegar a afectar a un funcionario infiel de la propia Aduana: el uso indebido de un “password” habría facilitado la cancelación de varios despachos “en tránsito” sin que se efectuara un control físico de la mercadería. Es por eso que los aduaneros están buscando por todo el país –pero sobre todo en Buenos Aires- los rastros de las plaquetas y circuitos que ingresaron de contrabando.
D) CANDIDATO. Julio Cruciani -de cuna socialista pero afiliado a la UCEDE- parece que al final se decidió y se lanzará a la política en la próxima elección para senador por la Capital Federal. Así se lo ha confiado a sus íntimos y a encumbrados funcionarios de la pirámide judicial. El juez del moñito –seguramente el estandarte de su campaña- sin embargo no las tiene todas consigo: recientemente tuvo que correrse hasta la Procuración General para hacer llegar a los entrenados oídos de Nicolás Becerra las quejas contra un fiscal que, según él, lo “atosiga” con insistentes requerimientos en la causa en que se investiga a los cómplices del ex secretario de Turismo Omar Fassi Lavalle. Pero pese a ese enfrentamiento no ha perdido la ocurrencia, oponiéndose al hipotético descuento de su sueldo, tal como lo propone el gobierno. “Si ya dijeron que el recorte es para tener plata para asegurar el pago a los acreedores del país, yo no les doy ni un centavo; si hay que hacer un aporte directo para los pobres, entonces si estoy dispuesto a hacer un esfuerzo”. En cuanto al tema de la evasión, afirma que una carga tributaria desproporcionada es su motivo principal “si un comerciante quisiera pagar puntillosamente todos los impuestos, resultaría que tiene que pagar el 110% de lo que le entra”.
E) OTRA COMPLICACION. Para los abogados que defienden al ex presidente –está descartado que se sume el mediático Pierri-, pero esta vez sin vinculaciones con la causa de las armas. Es que el estudio jurídico de Adrián Menem patrocina juicios en contra de la obra social de los gastronómicos que responde al férreo mandato de Barrionuevo, el otrora “recontraalcahuete” de Menem -como el mismo se definió- que abandonó el barco menemista por sus enfrentamientos en la interna del PJ y porque, además, considera que no es lo mejor para su salud política, como tantos otros ex seguidores del ex mandatario que ni se asomaron por la quinta de Don Torcuato. Lo cierto es que Barrionuevo se vio de pronto con un embargo de $ 3.000.000 de pesos y estalló en ira al punto que denunció públicamente al menor de los Menem y al juez comercial que lo embargó. Pero la cosa no para allí sino que en la mira del Estudio Menem y Asociados se encuentra otra obra social no menos famosa que la anterior, por lo menos a quien se reporta: Rodolfo Daer, que debe soportar una durísima interna de la seccional capital de su propio gremio. Como signo de los tiempos, no podía ser de otra manera que este enfrentamiento no se esté definiendo en los Tribunales aunque no en el fuero federal sino en el laboral, pero, con un aditamento que suele doler –a veces- mucho más que una condena penal: el dinero. Y si de ese “poderoso señor” se trata, no podía ser de otra manera que la disputa familiar de los Menem –Carlos, Zulema y Zulemita- se tradujera en una poderosa ofensiva de estas últimas para vender todas las propiedades –todo un anticipo de esta columna aunque luego no se mencionara la fuente cuando fue reproducida- al punto que uno de los estudios consultados suele asesorar a importantes dirigentes del Frepaso, como para que no queden dudas de la decisión de las Zulemas.
F) AÑEJA. Y complicada causa es la de la Escuela Yoga de Buenos Aires, en la que unos 30 alumnos con su “maestro” Juan Percovich se encuentran “perseguidos” en Tribunales bajo el cargo, hasta ahora no comprobado, de corrupción y presunta prostitución. Lo curioso y llamativo es que pese a la intervención de organismos de Derechos Humanos argentinos y de los Estados Unidos - senadores de ese país se preocuparon del caso- la causa sigue abierta y no existe un solo día en que no aparezcan nuevas “articulaciones” procesales. Esto se interpreta así porque después que un juez como Corvalán de la Colina y una sala de la Cámara del Crimen- Elbert, Ameghino Escobar, González- considerada intachable en sus resoluciones tanto en lo jurídico como en lo moral, declararon el sobreseimiento del caso aparezca una nueva traba para cerrar el expediente en la Cámara de Casación Penal, pese a que este alto tribunal ya se pronunció en favor de la Escuela Yoga de Buenos Aires en otra oportunidad. Pero, ahora, los jueces Madueño, Riggi y Mitchel dudan ante una presentación del fiscal Weschler, de abrir de nuevo el juicio porque familiares de tres mujeres –todas mayores de edad y en plena posesión de sus facultades psíquicas y físicas- insisten en querellar a la entidad que, entre otras cosas, realiza tareas sociales de apoyo a drogadictos y anoréxicos. Lo grave es que entre esos familiares reclamantes –en el fondo existe una pretensión económica- aparece uno de ellos, haciendo, precisamente, publicidad de un conocido cabaret de Buenos Aires.