Varias fuentes que conocen la dinámica en el cuarto piso del Palacio de Tribunales interpretan que si la Corte llegara a resolver respecto de la procedencia o no de los decretos con los que el Ejecutivo dispuso el ajuste, la eventual decisión podría ser tomada como “un anticipo de opinión”, dejando las puertas abiertas para que las partes recusaran a los ministros en un potencial conflicto de intereses que llegara a la más alta instancia jurisdiccional.
De esta manera, el Máximo Tribunal buscó dar un mensaje institucional ante la presión de la opinión pública y preservar la independencia de los magistrados expresada en el artículo 110 de la Carta Magna, que dispone la intangibilidad de sus salarios.
La acordada extraordinaria dispuesta hoy no establece un recorte del 13 por ciento en materia de salarios, como informó por la mañana el subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Baylac. Por el contrario, sólo recomienda al administrador general de la Corte, Nicolás Reyes, y al Consejo de la Magistratura, que estudien cómo se pueden reducir los gastos de la Justicia.
Es conocida ya la posición del Consejo de la Magistratura, sobre todo luego del último recorte dispuesto el año pasado: ya no hay por dónde pasar la tijera. Inclusive, hubo ayer una reunión informal en la sala de audiencias del Consejo, donde se suspendió la reunión de la Comisión de Administración por falta de quórum, aunque influyentes funcionarios judiciales y consejeros se hicieron presentes y debatieron sobre las medidas dispuestas por el presidente Fernando de la Rúa a instancias del plan del ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Allí, Cristina Akmentis, administradora general del Consejo (que a su vez tiene la función de administración de la Justicia), explicó con los números en la mano que no tiene sentido hablar de un nuevo ajuste, cuando aún no están asegurados los fondos para que la Justicia funcione hasta fin de año.
En la reunión en la que también estuvo presente Reyes, Akmentis confirmó que el dinero para cubrir julio y agosto estaba asegurado, pero advirtió que existe un “bache” de 12 millones de pesos para el bimestre siguiente, aunque confió en que los fondos serían conseguidos.
Como explicó ayer Diariojudicial.com, los magistrados agremiados decidieron defender la intangibilidad, que consideran “irrenunciable”. Y de darse algún tipo de recorte, exigirían que fuera “temporal”, es decir, con un plazo expreso y determinado.
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Se proveerá cuando se presente el escrito 17/7/2001