El ex interventor del PAMI está actualmente detenido como procesado por el discutido tipo asociativo previsto en el artículo 210 del Código Penal, que fue duramente cuestionado en el escrito presentado. Ese procesamiento dictado por el ex juez Adolfo Bagnasco precisamente apelaron hoy sus defensores Arslanián, Jorge Edwin Torlasco y Carlos Beraldi.
Como adelantó ayer este medio, Arslanián recusó a los jueces que integraron la Sala I de la Cámara Federal al confirmar sendos procesamientos por administración fraudulenta y asociación ilícita, por lo que los agravios tendrán que ser resueltos por la Sala II, en la que no podrá estar Martín Irurzún, por haber sudo en aquella oportunidad conjuez de la Sala I.
Según Arslanián, “como resultado del trámite realizado debería producirse la libertad; si triunfamos en la Cámara Alderete debería quedar libre”. Para sustentar su impresión, el letrado aseguró que “no hay ninguna pericia” y que “no está demostrado que se comprometieran fondos del Estado y tampoco la posibilidad de un perjuicio”.
Por otra parte, la apelación alcanza también a otros ex funcionarios del PAMI que se desempeñaban en el área de presidencia y en la gerencia general de la obra social de los jubilados que encabezó el amigo personal del ex presidente Carlos Menem.
Arslanián además se mostró interesado en la causa promovida por su cliente contra Bagnasco –por incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación de libertad, entre otros delitos- y que investiga por delegación del juez Jorge Luis Bellestero el fiscal Carlos Cearras.
En el extenso escrito de más de 200 páginas al que tuvo acceso este medio, los defensores concluyen que Bagnasco realizó una “interpretación extensiva del tipo penal de asociación ilícita”, al tiempo que critican la aplicación de la figura por vulnerar garantías que surgen del principio de legalidad, y para hacerlo citan a importantes doctrinarios internacionales como Jeschek o Mir Puig o nacionales como Eugenio Raúl Zaffaroni.
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