22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Súper supresión

Una entidad de defensa de los consumidores y dos gremios de trabajadores viales pidieron a la Justicia que se restablezca el porcentaje del impuesto a los combustibles que iba dirigido a las provincias y que suspendió la ley de déficit cero.

 
La Asociación Consumidores Libres y dos entidades que agremian a trabajadores viales solicitaron ante la justicia en lo contencioso administrativo federal que restablezca la cuota del impuesto a los combustibles destinados a la coparticipación de las provincias que suspendió el Congreso a través de la ley de déficit cero, mientras que adelantaron que realizarán presentaciones similares y simultáneas en todo el interior del país.

La juez de feria del fuero, María José Sarmiento, decidió hoy no habilitar la instancia siguiendo el mismo criterio que aplicó ayer al considerar que resultan inútiles las actuaciones que se puedan realizar al tener en cuenta que el expediente pasará el lunes a manos del juez natural. En este caso, será la juez Claudia Rodríguez Vidal la encargada de tramitar la causa.

En el escrito presentado en el juzgado de Sarmiento, los actores cuestionaron que junto con la suba del impuesto al gas oil en 8 centavos y con la de 10,65 a las naftas se les suprimió a las provincias un porcentaje que se destinaba a los fondos de coparticipación. Según alegan, la medida del Ejecutivo disminuye las recaudaciones provinciales en casi 300 millones de pesos por año.

Las naftas habían sido rebajadas por el decreto 802/01, dictado por el presidente Fernando de la Rúa el pasado 19 de junio. La medida fue dejada sin efecto por la ley 25.453 llamada de “déficit cero”, que la suspendió hasta el 31 de diciembre próximo.

Para la abogada Florencia Galarreguy, representante de Consumidores Libres, “lo que queda claro es que se desvían fondos que iban a las provincias e irán a cubrir el déficit presupuestario”.

A la presentación también se agregaron la Federación Argentina de Trabajadores Viales (Fatvial) y la Federación de Personal de Vialidad Nacional, en representación de 20 mil trabajadores del sector, preocupadas porque su “fuente de trabajo se encuentra seriamente amenazada por la implementación del decreto”.

Según Galarreguy, “con la excusa de haber reducido las tarifas de los peajes en un importe que no supera los 150 millones de pesos, el Estado salió a recaudar por decreto 570 millones, excediendo ampliamente el límite fijado por el Congreso en la ley de delegación de facultades”.



dju / dju
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