El informe al que tuvo acceso Diariojudicial.com revela que Telleldín ingresó al grupo de Operaciones D-2 el 15 de agosto de 1978, cuando su padre, Pedro Telleldín, estaba a cargo de la fuerza policial, dentro de la cual revistaba como "correo".
El informe fue remitido por la juez federal número 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, quien investiga en una causa por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, por una denuncia interpuesta por distintos organismos de derechos humanos, entre los que se encuentra el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) que preside el premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel.
La documentación había sido solicitada por Galeano en relación con un legajo abierto en 1995 a partir de la publicación en los diarios de una fotografía de un efectivo de la Guardia de Infantería de Córdoba ataviado con un casco de los que utilizaba el ejército Nazi, con una cruz svástica pintada y el número "666", con el que se reconoce al "anticristo" y al "demonio", según recordaron los informantes.
A partir de ese hecho se inició una investigación colateral con la causa central de la AMIA para tratar de determinar si dentro de la repartición existían o existieron "grupos antisemitas" que pudieron haber sido el germen de los atentados cometidos en los años noventa contra la AMIA y la Embajada de Israel, o que pudieron haber colaborado para cometerlos.
Pedro Telleldín falleció en 1983 en un accidente automovilístico y fue sindicado como el mentor del Reglamento Orgánico del Departamento de Operaciones Policiales D-2, destinado a perseguir opositores presuntamente marxistas, en distintas instituciones que van desde organizaciones estudiantiles, juzgados de paz, a sociedades barriales y sindicales.
Las acusaciones contra los integrantes del D-2, del que Carlos Alberto Telleldín formó parte cuando tenía sólo 18 años, se extienden al período en el cual el actual ministro del Interior Ramón Mestre ocupó la gobernación de Córdoba, y designó como jefe de la Policía a Carlos Alfredo Yanicelli, quien fue removido ante las denuncias que se efectuaron en su contra por violaciones a los derechos humanos.
A partir de ese hecho los ex integrantes del D-2 fueron separados de los cargos de conducción en la repartición, pero no pudieron ser juzgados en las causas por violaciones a los derechos humanos debido a que se ampararon en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La Policía de Córdoba pasó a depender tras el golpe militar de 1976 del tercer Cuerpo de Ejército, que comandó el general Luciano Benjamín Menéndez.