Maza se entrevistó hoy con el juez a cargo de las investigaciones, Rodolfo Canicoba Corral, quien ayer ratificó su competencia para continuar al frente del expediente, ante un planteo de inhibitoria por competencia formulado a principios de la semana.
Durante la entrevista, el mandatario provincial le entregó al magistrado una copia de la carta elevada a la ANSeS en la que lamentó que no se hubieran efectuado los controles por parte de "quienes tenían amplias facultades y a su disposición, para el cumplimiento de su cometido".
En su ofensiva, el gobernador le aclaró a Canicoba Corral que el motivo de la entrevista no apuntaba "a hablar de la causa" ni tampoco objetar su competencia, sino notificarlo de la presentación que efectuó ante el organismo previsional nacional.
En la misma reclamó que "se realicen los controles pertinentes" y que se proceda "a dar de baja del sistema a quienes hayan realizado acciones fraudulentas para la obtención del beneficio previsional, y realice los trámites pertinentes para que dichas personas restituyan lo percibido al margen de la legalidad vigente".
Durante la media hora que duró la entrevista Maza insistió en restarle cualquier tipo de connotación política al encuentro, debido a que en las últimas horas había trascendido que le reclamaría al juez que remita el expediente a un juzgado federal de La Rioja, donde también se planteó un pedido de competencia.
Sin embargo, recalcó, según confiaron voceros cercanos al encuentro, que "si bien pudieron haber existido irregularidades a nivel provincial también había responsabilidades por parte de la ANSeS".
Según trascendió, la semana próxima el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitará nuevas indagatorias que se sumarán a las 148 que el magistrado accedió esta semana.
Se trataría de los funcionarios que intervinieron en el otorgamiento de las 747 jubilaciones investigadas, concedidas con documentación falsa o a partir de aportes insuficientes por períodos infímos, con los que nunca se podría haber obtenido el beneficio previsional.
Hasta el momento, los casos investigados habrían causado un perjuicio cercano a los diez millones de dólares, y en caso de documentarse con pruebas los demás casos esa cifra se elevaria a sesenta millones.
En la carta que dirigió al director de la ANSeS, Hector Douglas Lyall, Maza recordó que en el marco de los convenios de transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de La Rioja al Estado Nacional "ha sido responsabilidad de los organismos nacionales, tanto la ANSES como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la realización del contralor previo de toda documentación presentada por quienes adelante un trámite jubilatorio".
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