Además, solicitó el procesamiento de los 147 beneficiarios de jubilaciones irregulares que fueron indagados durante el año pasado.
Marijuan elevó la solicitud al juez federal Jorge Urso, a cargo del juzgado federal 7, y entre los pedidos de detención figura un ex funcionario de la ANSES, Eduardo Wilson Cortes, quien habría participado del otorgamiento de beneficios en 131 casos, pero a quien hoy el juez Urso le concedió el beneficio de la exención de prisión.
De ese modo, se especula con que Urso rechazaría hacer lugar a las detenciones pedidas por la fiscalía, pero los citaría a prestar declaración indagatoria para luego resolver su situación procesal, aunque no correría riesgo su libertad.
Entre las personas investigadas figura el ex profesor de tenis de Zulemita Menem, Edgardo Romero Chacón, quien hace unos días presentó durante su indagatoria un escrito en el cual justificaba la percepción de una jubilación en el Banco de La Rioja debido a que a partir de los 16 años comenzó a cobrar 200 pesos mensuales por jugar en el equipo de básquet de la entidad.
Marijuan pidió en un dictamen que supera las 60 carillas el procesamiento de los 147 indagados, la indagatoria de 26 personas, y requirió la detención de siete de ellas, ante la presunción de que podrían evadir la acción de la justicia.
Se trata de Wilson Cortés, Jorge Enrique Martínez, Rolando Ríos, Jorge Gorosito, Gustavo Martínez Cabral, Emma Cáceres y José A. Rico, todos imputados de presunta falsedad ideológica de instrumento público y defraudación a la administración pública.
Respecto de la situación de Cortes, el funcionario presentó un escrito solicitando la exención de prisión a la que se opuso Marijuan presumiendo que podría eludir la acción de la Justicia y profugarse, postura que no fue compartida por Urso, por entender que una persona que se pone a derecho muestra lo contrario.
La causa comenzó a raíz de una denuncia del ANSES del 26 de febrero del año pasado sobre unas 700 jubilaciones irregulares otorgadas entre 1996 1997 y que beneficiaron a personas que figuraban como empleados del Banco de la Rioja, a pesar que nunca trabajaron allí o lo hicieron por menos tiempo del que figuraba en las actas.
Se estima que se trata de una defraudación de 60 millones de pesos, y en la causa ya fueron indagadas más de un centenar de personas, las que en su mayoría se negaron a declarar, aunque también se dieron numerosos casos de jubilados “arrepentidos”.