04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Los fundamentos

La defensa del ex presidente Menem solicitó a la Cámara Federal que revoque la resolución por la cual el juez Urso le negó la excarcelación. TEXTO DE LA PRESENTACION

 
Los abogados defensores del ex presidente Carlos Menem invocaron hoy tratados internacionales a los que la Argentina dio rango constitucional para reclamar ante la Cámara Federal que revoque la decisión adoptada por el juez federal Jorge Urso y conceda la excarcelación del ex mandatario, detenido con prisión preventiva desde el pasado 7 de junio.

Los abogados Oscar Salvi y Oscar Roger entregaron hoy un escrito de una treintena de carillas ante la Sala Segunda de la Cámara Federal en el que consideran el beneficio de la excarcelación como un "derecho", reiterando que la prisión preventiva del ex mandatario fue dictada de manera "caprichosa".

Al invocar la existencia de una "incipiente" y "novedosa” jurisprudencia contraria a la aplicada por el magistrado, los letrados sostuvieron que la prisión preventiva, aún para los delitos en los que el Código considera que no son excarcelable, no puede ser aplicada en forma "rígida".

En ese marco, citan a modo de ejemplo el caso del coronel ex director de Fabricaciones Militares Angel Vicario, quien fue procesado por el delito de contrabando agravado en la causa que instruye el juez en lo Penal Económico Julio Speroni en relación con la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

En ese caso la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación, integrada por los jueces Raúl Madueño, Wagner Mitchell y Pedro David, hicieron propio el pronunciamiento del fiscal Juan Martín Romero Victorica al sostener que atenta contra los principios constitucionales la existencia de delitos que no admitan la excarcelación, fallo que permitió con posterioridad que Vicario obtuviera ese beneficio bajo fianza.

Según sostuvieron los defensores, la aplicación de las reglas respecto de la prisión preventiva "no son de aplicación automática", y advirtieron que los tribunales "no pueden ignorar el papel que deben desempeñar como garante del accionar del Estado", al recordar que la Argentina dio rango constitucional en 1994 al Pacto de San José de Costa Rica y a la Declaración Internacional de los derechos Humanos.

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dju / dju
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