04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

A) MALICIA.

 
Fue la inclusión de algunos –varios- hombres de la política y de la Justicia en las listas del ANSeS en la que aparecían cobrando jubilaciones de privilegios por rondar los $ 4.000.- En realidad es una alta suma para lo extenuada de las arcas oficiales en momento de crisis, pero de ningún modo se puede decir que son injustas y mucho menos ilegales: se trata de personas que durante 30 o más años ocuparon altos cargos de carrera en las administraciones provinciales o nacionales y por ello realizaron altos aportes a sus cajas que le permitieron llegar a estas cifras. Es lo mismo que a los jueces que aportaron toda su vida una parte importante de su sueldo – por otra parte único ingreso, por que les está prohibido ejercer otra actividad remunerativa en forma simultánea- y después se les reclama por las jubilaciones que cobran: muchos de estos magistrados le han iniciado juicios al ANSeS y lo han ganado porque la ley los protege. Lo mismo sucede con los casos anteriores como el de Nicolás Reyes, administrador General de la Corte que durante 40 años se desempeñó en la administración pública de Córdoba con el cargo de director en adelante llegando hasta ser secretario del Tesoro; o el de Pedro Salvatori, legislador por Neuquén que durante otra cantidad similar de años se desempeñó como secretario de Desarrollo, ministro de Economía y hasta gobernador del Neuquén. Y así cientos de funcionarios de carrera –los denominados técnicos de las administraciones- que se dedicaron toda su vida al empleo público aportando su capacidad e inteligencia y hoy, la hipocresía generalizada los pone en la misma balanza que aquellos que se enriquecieron con la política u ocuparon un cargo durante unos meses, e incluso semanas, para después jubilarse con altos montos. Esas sí son jubilaciones de privilegio y deben ser revisadas, pero no las conseguidas con “buena” ley.

B) TAPAR EL CIELO. Con un arnés, dice un viejo refrán. Y eso es lo que se trató de hacer desde el ANSeS mediante una operación de prensa con algunos periodistas que habría que revisar su estatura moral. Pero Rubén Cano y compañía, hombre de confianza de Héctor Lombardo, que dirige ese verdadero agujero negro de las finanzas gubernamentales no muestra demasiado empeño en mostrar su contabilidad sobre el destino de los u$s 3.000 millones que anualmente recauda ese organismo para derivarlo a las obras sociales, ni tampoco explica el destino del denominado “Pozo Bidou” al que van a parar fondos previsionales que nadie controla, o los subsidios a determinadas obras sociales por enfermedades de alta complejidad, en la que se favorecen apenas un 20 por ciento del total del espectro de esas mutuales. Tampoco nada dice de la cuenta rezago en la DGI en la que se acumula un fondo mensual de hasta $ 40 millones por errores en la confección de las boletas de depósitos que luego se asigna entre algunos sindicatos amigos. Este es el verdadero gasto de la política y no quitarle el 13 por ciento a los sueldos de 870 jueces que está garantizado por la Constitución y que en nada modificarán el exhuberante gasto estatal, cuyas grandes partidas se van en las licitaciones amañadas o en los mayores costos de las obras y servicios públicos, como el famoso “monumento a la corrupción” que fue y es Yaciretá, sin despertar el interés investigativo de ningún organismo de control, de los tantos que se superponen en el país.

C) ALIVIO. En las cercanías del Procurador General Nicolás Becerra cuando se conoció el fallo del juez Claudio Bonadío ordenando la detención de altos ex oficiales de la Armada por su responsabilidad en el presunto secuestro y estafa de los ex dueños de “Chacras de Coria”, un residencial barrio que se levanta al oeste de la capital mendocina y al que tendenciosos rumores de Palacio involucraban al jefe de los fiscales. Pero el juez cortó la investigación en los capitanes de navío (RE) Rolón, Whamont, Radice y Cía de la que podría quedar incluido Astiz, y en los civiles que colaboraron con ese siniestro grupo de tareas que con el disfraz de la lucha antisubversiva también se apoderaron de bienes de ciudadanos honestos para enriquecimiento propio o del anciano almirante “Cero” -Eduardo Massera- y su engendro político con un sector de la derecha peronista. Pero Becerra, pese a algunas publicaciones de antaño que lo atormentaron, no apareció en las resoluciones de Bonadío y pudo demostrar, al menos en esta instancia que es ajeno a esas falacias. Pese a todo, el Procurador gozó de algunas horas de triunfo en el exterior: nada menos que en Washington y con el vice ministro de Justicia y subprocurador general de los Estados Unidos, Larry Thompson. Becerra logró que su par norteamericano firmara un convenio de especialización de fiscales argentinos y cuya frutilla será una visita del más alto nivel a Buenos Aires por parte de John Ashcrot, nada menos que el influyente Procurador General de los Estados Unidos. Todo un logro -junto con el acuerdo de cooperación con la OEA- que sirvió para distenderlo y olvidarse un poco de los vaivenes que frecuentemente se dan cita en la calle Guido.

D) TURBULENCIAS. Violentas –para hablar en términos aeronáuticos- es la que azotó la semana anterior los desgastados pasillos de los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, un fuero caracterizado hasta ahora por el bajo perfil y en donde se tramitan causas aún más pesadas –por los montos y negocios en juego- que las que se instruyen en el fuero federal porteño. Decidida y con la cabellera al viento pese a la lluvia del viernes, la camarista María Garzón de Conte Grand –cercana de alguna manera al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique-, ingresó con su caracterizada firmeza aunque sin perder la calma, y exigió el expediente por el cual el juez Martín Silva Garretón –el sobrino tataranieto de Rosas y continuo aspirante a camarista- impedía la quiebra de Aerolíneas Argentinas. Es que pese a la decisión del juez, existen pasos procesales y burocráticos en un expediente que si no son vigilados con rigidez pueden debilitar al mismo fallo que pretenden servir. Lo cierto es que el expediente no asciende a la Cámara de Apelaciones porque como la SEPI –dueña de Aerolíneas- tiene domicilio en Madrid, se debe comunicar la medida del juzgado por exhorto diplomático y todo el mundo sabe cuanto tarda todo ese meollo. Mientras tanto, con la excusa de no haber sido notificada, la SEPI avanza en la convocatoria y los gremios de Aerolíneas se desesperan. Por eso Conte Grand, en aparente contrariedad por la estrategia de Silva Garretón, no quiere esperar más y pretende que se trace otro camino procesal posible, para analizar el expediente con urgencia y poder fijar un criterio cuanto antes junto a sus colegas de sala.



hugo morales / dju
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