La denuncia había sido formulada por el abogado Eduardo Barcesat en representación de dos empleadas de la ANSeS, que obtuvieron en el fuero laboral el dictado de sendas medidas cautelares en las cuales se suspendía la aplicación del recorte impuesto a partir del decreto 896/01 de aplicación de la ley de déficit cero.
Se trata de Nélida Esther Soto y Elba Isabel Maidana quienes radicaron denuncias en el juzgado laboral 55 y en el 1, respectivamente el 19 de julio pasado, en los que se dispusieron medidas cautelares suspendiendo la aplicación del decreto impugnado hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión.
Según señaló Barcesat, "al disponer la resolución suspensiva, el tribunal previno sobre la eventual desobediencia en que podría quedar incursa la autoridad en caso de no cumplirse" la misma, y en ambos casos la notificación fue cursada el 20 de julio.
"No obstante la claridad de la resolución y del apercibimiento, al liquidarse los haberes de julio a ambas empeladas se le descontaron haberes, violentando la resolución judicial", aseguró el denunciante quien entiende que "ello configura el ilícito penal de desobediencia en concurso con violación de los deberes de funcionario público" y de retención indebida "lesiva de articulo 173 inc. 2 del Código Penal".