Se trata de los capitanes retirados Juan Carlos Rolón y Jorge Radice quienes fueron indagados por el juez federal Claudio Bonadío, en el marco de las investigaciones por la sustracción de bienes y falsificación de documentos de los desaparecidos empresarios Conrado Gomez, Victorio Cerutti y Horacio Palma, en la causda que se conoce comunmente como “Chacras de Coria”, en referencia a las propiedades que les fueron expropiadas en esa zona rsidencial de la provincia de Mendoza. Además, y en el marco de esas maniobras, se tienen sospechas firmes que tanto propiedades como una veintena de caballos de carrera pura sangre quedaron en manos de los familiares directos de Massera, quien todavía no se le fijo fecha de indagatoria.
Pese a haberse negado a responder las preguntas que les formularon el secretario Pablo Bertuzzi y el fiscal Carlos Rivolo, Rolón admitió haber desempenado funciones en la ESMA entre 1976 y 1977 participado en la detención de un joven cuyo nombre de guerra era “Gabriel”, y que se estima podría tratarse del periodista Juan Gasparini, sobreviviente de ese centro clandestino de detención, quien reveló detalles sobre las maniobras de expropiación de bienes de empresarios, que habrían tenido como objetivo financiar las prestensiones políticas de Massera, durante la dictadura.
Rolón recordó que “Gabriel” fue detenido en la avenida Santa Fe y que luego del procedimiento fue entregado a Massera y a Chamorro, quien según los informes de la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas (CONADEP) fue el oficial de mayor rango que comandó los grupos de tarea de la ESMA., además del ex capitan Jorge “tigre” Acosta, quien mañana será trasladado al juzgado para responder por esta causa.
Sin embargo, Rolón y Radice se negaron a responer acerca de los roles que cumplían oficiales de menor, igual o mayor rango que ellos en la ESMA, y fueron trasladados detenidos al Edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada, frente a los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
Rolón se quejó agriamente ante los funcionarios judiciales por haber sido tratado, a su entender, como “un delincuente común”. Radice, por su parte, se mostró mucho más parco. Buena parte de la indagatoria transcurrió con la lectura de los cargos en su contra, efectuando referencias generales respecto de las funciones que cumplía en la Armada al momento de los hechos denunciados, aduciendo que solo se limitó a cumplir ordenes superiores.
El juez federal Claudio Bonadío pidió la semana pasada el juicio político de la jueza en lo contencioso administrativo Emilia García, a quien involucró en las maniobras y mañana, además de Acosta, indagará al ex oficial de la Armada Francis Whamond.