Según informó la entidad, ante el pedido de esa información, la Corte no hizo lugar a la solicitud invocando la acordada 1/2000 y argumentando que el pedido no podía realizarse mediante una única presentación general sino que debía presentarse un escrito “por cada declaración requerida”, en un plazo de diez días.
De ese modo, y “ante las exigencias burocráticas interpuestas por la Corte, las ONGs (la presentación se hizo a través del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS) debieron entregar 736 solicitudes, una por cada juez, lo que insumió un total de 1472 copias, cerca de 200 pesos”, entendiendo que “ningún ciudadano común hubiera podido enfrentar esos trámites”.
Respecto de la acordada en cuestión, la entidad sostuvo que la misma “fue sancionada por la propia Corte, estableciendo trabas burocráticas que terminan constituyendo una ridícula forma de obstaculizar y dificultar el pleno ejercicio del derecho que toda persona tiene de acceder a la información pública”. Así las cosas, se presentaron las 736 solicitudes por separado, contenidas en siete cajas con más de 100 folios cada una.