En su plenario de hoy el Consejo de la Magistratura aprobó el dictamen de la Comisión de Administración y Financiera, presidida por el Dr. Kiper; y resolvió suspender la compra de las colecciones de jurisprudencia destinadas a los Tribunales inferiores de la Nación y al propio Consejo.
También se dispuso que la entrega de bases de datos en soporte magnético a las editoriales que publican jurisprudencia será centralizada por la Administración del Poder Judicial de la Nación, bajo la supervisión de esa Comisión. Se aceptó, de esta manera, el proyecto presentado por el consejero y juez en la comercial Javier Fernández Moores.
En un reportaje concedido a Diariojudicial.com, Fernández Moores expresó que "la idea es uniformar los requisitos y centralizar el manejo de la jurisprudencia. Por eso el proyecto hace saber a las Cámaras que no podrán suministrar las bases de datos a las editoriales y entonces, estas tendrán que recurrir al Consejo de la Magistratura y a la Administración General del Poder Judicial para establecer nuevos términos de contratación. Habrá que analizar, por ejemplo, si el Poder Judicial no debe hacer un llamado a licitación para ver quien da un mejor precio y condiciones por las bases de datos. Por otra parte, lo cierto es que muchas Cámaras de Apelaciones tienen secretarias u oficinas de jurisprudencia que están informatizadas y en línea con los juzgados. Entonces, si un juez puede tener, por medio de la informática, acceso gratuito a la misma jurisprudencia que me esta vendiendo determinada editorial, ¿para que necesita las obras de la editorial?. Por supuesto que hay casos puntuales donde los juzgados no tienen buen acceso a Internet, sobre todo los juzgados federales del interior." Respecto de esto último, la resolución del Consejo, dispone que la Administración del Poder Judicial podrá disponer excepciones y autorizar la compra de jurisprudencia para aquellos juzgados que no cuenten con bibliotecas, secretarías u oficinas de jurisprudencia, que puedan brindarles el servicio. De esta manera se busca atender a esos casos, como el mencionado de los juzgados federales del interior del país, que pueden necesitar contar con colecciones de jurisprudencia.
Como adelantara este medio, uno de los datos que se observaron para fundamentar la medida, fue que el Poder Judicial de la Nación abonó la suma de 2.141.000 pesos por año en 1999 y 2000 en ese rubro. Una sola de las editoriales, La Ley, facturó $1.237.930,44 por año al Poder Judicial, previsión establecida también para este 2001. Esta erogación, en tiempos de reducción presupuestaria aparecía injustificada para muchos magistrados y funcionarios judiciales, quienes se quejaban por el curioso hecho de que el Poder Judicial destina personal y recursos materiales para confeccionar las bases de datos jurisprudenciales que luego son entregadas a las editoriales jurídicas "en muchos casos sin contraprestación alguna o sobre la base de acuerdos informales", tal como expresa la resolución del Consejo. Es decir que las editoriales jurídicas le cobran al Poder Judicial para proveerle sus colecciones de jurisprudencia, siendo que reciben de ese mismo poder "la materia prima" en forma gratuita. Así lo entendió hoy el Consejo, que dictó la resolución por el voto unánime de sus miembros presentes.
La norma del Consejo también encomendó al Comité de Informática la elaboración, en el plazo de 60 días, de un informe y plan de acción para la modernización de las Secretarías u Oficinas de Jurisprudencia y Bibliotecas dependientes de las Cámaras de Apelaciones Nacionales y Federales de Apelaciones.
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