28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

Yo lo dije primero

En 1998, el fiscal Gustavo Bruzzone había alertado sobre los gastos superfluos en compras de colecciones de jurisprudencia. Ayer el Consejo de la Magistratura resolvió la suspensión de este tipo de adquisiciones para todo el Poder Judicial.

 
La actitud de Bruzzone, titular de la fiscalía número 1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, motivó que el Procurador General Nicolás Becerra le encargara un informe conteniendo lo que, a su entender, constituían "las decisiones fundamentales que hay que tomar a efectos de lograr un sistema de bibliotecas realmente eficiente para el Ministerio Público Fiscal". Luego de recibir el informe, el Ministerio Público suspendió la compra de jurisprudencia, convirtiéndose en el primer órgano en tomar esa decisión.

Tres años después, el Consejo de la Magistratura resolvió -en el marco del plan de estricta austeridad que impone la aplicación de la política de Déficit Cero- suspender las compras de colecciones de jurisprudencia, restringiéndolas sólo a aquellos tribunales que aún no se encuentran conectados al sistema informático de la Justicia, lo que equivale a un ahorro estimado en más de dos millones de pesos anuales, de los cuales 1.200.000 son percibidos por la editorial La Ley.

Bruzzone -convertido ya en un experto en la materia- destacó en su informe, a modo de ejemplo, que "la biblioteca en asuntos penales más grande del mundo, que es la del Instituto Max-Planck para el Derecho Penal extranjero e internacional de Friburgo, Alemania, invierte anualmente, aproximadamente 450.000 pesos en mantener suscripciones con más de 400 publicaciones periódicas de todo el mundo habiendo conformado un patrimonio de más de un millón de libros de todos los países".

Por otra parte, el fiscal agregó que "la misma publicación es recibida por varias dependencias que se ubican en un mismo edificio", sugiriendo que "lo que se debe hacer es potenciar una biblioteca general y no la provisión individual de oficinas vecina a efectos de ahorrar gastos innecesarios".

"El edificio de Comodoro Py cuenta con dos bibliotecas. Una perteneciente a la Cámara Federal y otra a la Cámara nacional de Casación Penal. Más allá de ser incompletas -como dato notorio se debe destacar que en ninguna de ellas se encuentra completa la colección de fallos de la CSJN; la colección más completa en ese sentido se encuentra, curiosamente, en la Fiscalía de la Cámara Federal- en realidad debería funcionar sólo una",advirtió.

Por último, Bruzzone exhortó a analizar "con extremo cuidado qué gastos se realizan de esta clase de publicaciones para concertar esfuerzos con los órganos del Poder Judicial a efectos de potenciar una biblioteca completa por edificio de uso común y destinar los fondos que fuera menester en comenzar a reformar el sistema de almacenamiento de información con tecnología de avanzada".

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dju / dju
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