Cavallo, que es uno de los tres candidatos a asumir en la Sala I de la Cámara Federal -aunque no fue el mejor calificado-, se presentó en San Lorenzo del escorial, en las afueras de Madrid, en el merco de los cursos que organiza la Universidad Complutense de Madrid. Allí, el magistrado hizo un repaso de las investigaciones que se llevan adelante en Argentina en relación a los delitos cometidos durante las dictaduras latinoamericanas y resaltó el pedido de extradición del ex presidente de facto chileno Augusto Pinochet, solicitado por su colega María Servini de Cubría.
Cavallo relató en el ámbito académico que la actitud de Garzón -que logró al detención de Pinochet en Londres- al pedir la extradición de ex altos cargos argentinos para ser juzgados en España, "provocó en principio gran sorpresa entre la gente", pero que "es la propia sociedad internacional la que se interesa por conocer los hechos considerados como crímenes de lesa humanidad en todas las partes del mundo".
Respecto de la polémica tendencia de que entre en funcionamiento una virtual jurisdicción universal, rechazada por la Cancillería argentina recientemente al negar la extradición de Alfredo Astiz a Italia y a Francia, Cavallo analizó que a ningún gobierno "le gusta en esencia la idea de una jurisdicción universal, ya que supone una limitación de su soberanía", aunque esperó "que esta evolución se realice rápidamente".
El juez se refirió de esta manera al Estatuto de la CPI, que avanza en su ratificación pese a la fuerte oposición del gobierno de Estados Unidos, sobre todo desde la asunción de George Bush a la presidencia. La postura estadounidense provoca que varios países alineados a la potencia mundial dilaten la ratificación del Estatuto, que para entrar en vigor requiere que 60 de los más de 120 estados firmantes se obliguen intenacionalmente en virtud del tratado al depositar en la Secretaría General de la Naciones Unidas los instrumentos de ratificación, proceso que Argentina terminó al comenzar este año.