Abel Cornejo es el titular del juzgado federal nº 1 de Salta desde 1993
e ingresó a la carrera judicial como empleado, transitando todos los escalones
intermedios antes de llegar a la magistratura. Tiene jurisdicción en toda la
provincia y se hizo conocido por su actuación en torno a las repetidas protestas
sociales protagonizadas por los llamados "piqueteros": "Por mi formación, trato
de mantener una línea de independencia absoluta. En el conflicto que se produjo
en junio he sentido múltiples presiones y condicionamientos de parte del Poder
Ejecutivo. No corresponde que lo diga ahora pero lo daré a conocer cuando deje
de ser juez" , dice cuando se le pregunta sobre el tema. Pero los piqueteros
no son, ni fueron, la única preocupación para este magistrado que viene bregando
para que se instale el juzgado federal de Orán, creado por ley hace 17 años
y que tendrá competencia sobre la "frontera caliente" con Bolivia, zona muy
sensible en lo que respecta al narcotráfico, delito en el que, según sus palabras
"hasta ahora en muy pocos casos se ha llegado a los "peces gordos". Parece que
hubiera mucha mas preocupación por las estadísticas en esta materia que por
reprimir eficazmente este delito". Cornejo estuvo en Buenos Aires, invitado
por Adepa para participar en un seminario sobre "Prensa y justicia", donde habló
acerca de la "Ética en la justicia". Esta es la charla que mantuvo con Diariojudicial.com
Diariojudicial.com: Usted se hizo conocido por su actuación en las protestas
e incidentes protagonizados por los piqueteros en Salta.¿Cuándo fue su primera
intervención en el tema?
Abel Cornejo: La primera vez fue en mayo de 1997. Se trató de un corte
de ruta de 13 días. Afortunadamente logré la mediación del entonces obispo de
Orán y se consiguió una solución pacifica sin ningún tipo de medida violenta.
Según me dijeron varios vecinos de General Mosconi, desde 1997 a la fecha, la
protesta se fue radicalizando porque empezó a radicarse en Mosconi gente de
otros lugares. La cuestión fue empeorando con el correr del tiempo. Por la información
que yo tengo, en las primeras protestas vino gente de otros lugares a participar.
Ahora ya hay gente radicada en Mosconi que luego participa en la organización
de las protestas. General Mosconi es un lugar donde permanentemente transita
mucha gente, porque es camino de paso hacía la frontera con Bolivia, o sea que,
más allá de ser una frontera "caliente" por problemas de narcotráfico y contrabando,
también hay gran intercambio comercial y muchas localidades cercanas a no mas
de 25 o 30 kilómetros. Por ejemplo, Tartagal es la más cercana y está a seis
kilómetros y medio. Además, si bien hace muchísimo calor en verano, los inviernos
no son tan severos, de manera que si se quiere organizar una protesta que no
sea espontánea es una zona muy buena para hacerlo en cualquier momento del año,
por todos estos factores que le comenté.
Dju: ¿Desde 1997 a la fecha hubo un patrón de periodicidad en cuanto
a la fecha de las sucesivas protestas o estas se dieron de manera totalmente
aleatoria?
AC: Hubo, fundamentalmente, un gran estallido a partir de mayo de 2000,
donde ahí se produce el primer hecho sumamente violento que fue cuando se quema
la municipalidad de General Mosconi. En junio de 2000 se dio otra protesta importante.
Luego, en noviembre de 2000 se producen incidentes en Mosconi y Tartagal, con
corte de rutas. Más tarde, en febrero de este año, fue el intento de copamiento
de la planta de Refinor en Campo Durán y luego vinieron los hechos de junio
de este año.
Dju: ¿Hasta donde un juez federal puede actuar, en estos casos de protestas
sociales de magnitud, cuando al mismo tiempo hay actuación del Poder Ejecutivo?
Concretamente, ¿usted se sintió presionado o condicionado por el Poder Ejecutivo,
por el hecho de que hubieran negociaciones con los piqueteros simultáneamente
con su actuación?
AC: Por mi formación, trato de mantener una línea de independencia absoluta.
En el conflicto que se produjo en junio he sentido múltiples presiones y condicionamientos
de parte del Poder Ejecutivo. No corresponde que lo diga ahora pero lo daré
a conocer cuando deje de ser juez. Hay que diferenciar lo que es reclamo social
y lo que es comisión de delitos. Lo que yo pude observar y lo informé verbalmente
y por escrito a las autoridades pertinentes, es que hay un retroceso del Estado
en General Mosconi. Así, como el Estado de Derecho prevé que se goce ampliamente
de todas las garantías y libertades, también es función de los jueces restaurar
en orden jurídico y preservarlo. Sin embargo, es necesaria una función política
de carácter preventiva, porque sino parece que la justicia termina teniendo
una función exclusivamente represiva que no es para nada la conveniente. Los
jueces terminamos quedando como el último bastión del Estado que va en esa zona.
Dju: ¿No le pareció una interferencia en su accionar, el hecho de que
el ministro Juan Pablo Cafiero estuviera en General Mosconi dialogando con determinadas
personas a las que usted les había librado orden de captura?
AC: En el testimonio por escrito que yo le tomé al ministro, él me informó
que no sabia quienes eran las personas con quien estaba hablando. De todas maneras
yo puse en conocimiento de los ministros del Interior y de Trabajo mi opinión
de que es sumamente inconveniente que quienes han participado y dirigido hechos
violentos tengan el control de los planes Trabajar, porque lo que se ve y que
ha denunciado en mi juzgado mucha gente de General Mosconi es que si no participaba
en las protestas y se plegaba a un pacto de silencio, automáticamente se les
retiraba el beneficio. Por supuesto, no puede decirse que toda la gente que
tiene los planes Trabajar sea gente violenta, sino que es solo una pequeña minoría.
La distribución de los planes Trabajar lo tiene que tener un organismo o persona
que no esté involucrado con estos hechos violentos
Dju: ¿Cuánta gente participó de las protestas y cuantos son los organizadores?
AC: En cuanto a los organizadores, no se puede determinar un numero de
manera fehaciente, pero habrán sido 10. en cuanto a la gente que participó en
las protestas, en su pico máximo habrán sido 250 a 300 personas. Ahora, personas
que dispararon a la Gendarmería, hasta el momento hay 23 sindicados, cuatro
de los cuales fueron indagados
Dju: A mediados de agosto, la Cámara federal de Salta revocó tres prisiones
preventivas dictadas por usted en el caso de los piqueteros...
AC: En junio se habían dictado prisiones preventivas de tres personas
que habían sido detenidas antes. La denegatoria de excarcelación obedecía exclusivamente
a que no se había pacificado totalmente la zona y persistían los efectos del
delitos, que el juez tiene como obligación hacer cesar , por eso se denegó la
excarcelación. Eso está previsto en el artículo 319 del Código Procesal. La
cámara entendió que ya se habían dado las condiciones para la excarcelación
y por eso las dispuso...
(N de la R: "Art. 319 del Código Procesal Penal: Podrá denegarse la
exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia
y el artículo 2º de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración
de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia,
las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones
anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la
acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.")
Dju: A usted se le atribuyen declaraciones en el sentido de que habrían
intervenido activistas de ultraizquierda en los piquetes...
AC: Estas personas hicieron declaraciones publicas, incluso a través
de la televisión, donde expresaron ideas de esta naturaleza. Yo soy juez con
competencia electoral así que mi comportamiento ha sido el de actuar con la
máxima prudencia posible y no iniciar ninguna suerte de caza de brujas en ese
sentido, para que no pareciera que los únicos responsables de lo que pasa fueran,
en el caso concreto, el Partido Obrero. Yo le di el reconocimiento jurídico-político
dentro de mi jurisdicción al Partido Obrero y recibí a las organizaciones de
derechos humanos que me vinieron a ver, entre ellos el Premio Nobel Perez Esquivel,
el padre Farinello, etc. y sigo manteniendo conversaciones con dirigentes de
organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda
Dju: Esta pregunta está vinculada con otra hipótesis que se barajó en
su momento, que decía que se estaba "armando" una supuesta protesta política
para facilitar operaciones de narcotráfico en la zona de la frontera con Bolivia...
AC: Escuché eso, por supuesto, pero es algo que queda en manos de las
fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia. Un juez debe limitarse
a las pruebas que tiene en el proceso que está a su cargo. Yo no avizoré ninguna
prueba en tal sentido en la causa. Por ahora, son meras conjeturas. De lo que
surge en la causa no hay ningún tipo de vinculación con el narcotráfico. Lo
que se ve es que hay un reclamo social muy fuerte y sostenido y elementos que
han aprovechado de ese reclamo para llevar adelante hechos violentos...
Dju: En este momento, ¿la situación mejoró?
AC: No, sigue igual. Espero que en General Mosconi haya alguna política
de Estado mas allá de lo coyuntural y electoralista. Mosconi, hace años, era
un pueblo de alto poder adquisitivo, donde el derrumbe económico se vivió de
una manera muy intensa porque el origen de sus vecinos no fue la pobreza. Creo
que hace falta un plan donde intervenga el sector privado y el publico, un plan
de fondo que va a llevar por lo menos diez años, para generar fuentes de trabajo
y sanear todas las carencias que allí son palpables.
Dju: En ese sentido, hay algún plan concreto en marcha, porque en medio
de las protestas desde el gobierno habló de multitud de proyectos...
AC: No, ahora lo único que hay son paliativos y discusiones de cierto
tinte ideológico mas preocupadas por el acto electoral del 14 de octubre que
por la solución de fondo. Habría que olvidarse de las elecciones de octubre
y hacer un plan de fondo.
Dju: Justamente, en un momento se hablo de que los piqueteros constituyeran
un partido político...
AC: Antes de los hechos de junio, en conversaciones con algunos de los
manifestantes yo los alenté permanente a que se organizaran y actuaran dentro
del sistema, pero en la provincia no se presentó ningún partido nuevo o alianza
que contenga a los piqueteros.
Dju: Una de sus preocupaciones es la puesta en funcionamiento del juzgado
federal de Orán, ¿En que etapa se encuentra su implementación?
AC: Esperó que, a mas tardar, a principios del año que viene el juzgado
federal de Orán esté funcionando porque, entre otras cosas, nosotros nos enteramos
por teléfono de cosas que suceden a 400 kilómetros de la sede de nuestro juzgado.
Toda la oposición a la creación de este juzgado de Orán me parece pueril. Hoy
la gente pide inmediación de parte de la justicia. Si usted tiene una frontera
tan extensa como la que tiene Salta, lo menos que puede tener es un juzgado
que tenga jurisdicción sobre esa zona. Ese juzgado tendría jurisdicción sobre
los departamentos de Orán, de San Martín, donde están Tartagal y Mosconi, de
Rivadavia, Iruya y Santa Victoria. Sería aproximadamente un 35 por ciento del
territorio provincial, pero se trata de una zona particularmente sensible, tanto
desde lo social como desde lo delictivo. La sede de mi juzgado está en la ciudad
de Salta, a 400 kilómetros de Mosconi, por dar un ejemplo. Mi juzgado está llevando,
nada más que de causas penales, entre dos mil quinientas y dos mil setecientas
por año. Además de eso tenemos competencia previsional, civil y fiscal. En la
practica la justicia es una metáfora. Estamos hablando de 4000 expedientes por
año o más. El personal del juzgado es de solo 24 empleados.
Dju: Respecto de esta verdadera "congestión judicial", usted también
tuvo intervención en el tema de los detenidos que querían alojar en contenedores...
(N de la R: A mediados de mayo de este año, alrededor de 25 personas
detenidas por delitos federales en Salta iban a ser alojados, por falta de lugar,
en contenedores metálicos que estaban siendo acondicionados como celdas por
Gendarmería Nacional.)
AC: En ese caso se hizo de oficio un habeas corpus preventivo para mejorar
la situación de los presos y tengo la satisfacción de que se mejoró porque el
Ministerio de Justicia acudió de inmediato a Salta y construyeron celdas de
material con condiciones dignas para detención. Pero es urgente que se construya
la cárcel federal del Norte. la cárcel federal mas cercana por esa zona es la
de Resistencia, que es un penal de máxima seguridad. La cárcel del Norte no
sería de máxima seguridad y contemplaría la posibilidad de regímenes semiabiertos.
El proceso licitatorio estaba bastante avanzado, pero por las actuales condiciones
económicas, estimo que se va a demorar. Ahora a los detenidos están en el Servicio
penitenciario provincial o en las celdas que acondicionó Gendarmería. Ahí hay
unos 15 detenidos, porque a medida que se producen "vacantes" en el Servicio
penitenciario provincial, los vamos pasando allá. Eso nos trae otro problema
que es una vieja polémica entre la provincia de Salta y la Nación sobre la "deuda
de los presos federales", es decir, lo que tendría que pagar la Nación por alojamiento
de presos federales en cárceles provinciales.
Dju: ¿Qué evolución han tenido, en los últimos años, las causas sobre
narcotráfico que llegan a su juzgado?
AC: Estas causas han aumentado sensiblemente pero lo que mas preocupa
es que han aparecido metodologías mas sofisticadas. Por ejemplo, el año pasado
se hizo un procedimiento que tuvo repercusiones en Australia, Nueva Zelanda
y Singapur porque se descubrió una línea internacional de transporte de droga.
Al caso se lo conoció como el de la cocaína negra porque la droga venía disimulada
en toner para impresoras. Hace falta un control del espacio aéreo de la zona.
El famoso plan de radarización sigue postergado. Creo que, además, haría falta
una coordinación de políticas de Estado entre la Nación y las provincias para
que tanto en el manejo de la información como de la acción se aúnen esfuerzos,
es especial en materia de coordinación de fuerzas de seguridad. En la zona de
la frontera interviene Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía Aeronáutica,
en ciertos casos la Aduana, Prefectura Naval y las policías provinciales. Entonces
se produce una suerte de diáspora que no contribuye a una mayor eficacia en
la investigación.
Dju: ¿No se comparte información entre las fuerzas de seguridad?
AC: Siempre existe una cierta reticencia propia de cada fuerza y eso
repercute en que la acción no sea mas efectiva...
Dju: Además de la cantidad de causas, ¿aumentó la cantidad de droga secuestrada?
AC: Si, así es. Aquí influye la situación en Bolivia, donde el sindicato
cocalero ha cobrado una gran fuerza política. Este sindicato es, prácticamente,
un poder detrás del poder en Bolivia, y todo hace pensar que se van a activar
mayores operaciones de trafico hacía la frontera argentina y hacía Brasil. La
pobreza extrema que existe entre una buena parte de la población boliviana contribuye
a que muchos de ellos puedan ser inducidos a "pasar" droga a través de la frontera
como una forma de vida.
Dju: La política oficial del gobierno boliviano, que despertó mucha resistencia
entre la población rural, fue la de erradicación de los cultivos de coca ¿cómo
repercute eso en nuestro país?
AC: Hasta este momento, ese plan de erradicación de cultivos ha sido
una expresión de deseos. El último intento serio que se hizo tuvo como contrapartida
esa famosa marcha que organizó uno de los lideres del sindicato de cocaleros,
donde habían personas tomadas de las manos en una fila de dos mil kilómetros,
de Santa Cruz de la Sierra a La Paz. Además, si junto con la erradicación de
coca no aparece un cultivo productivo en términos de rentabilidad para los campesinos,
la gente no va a dejar de cultivarla.
Dju: ¿Existe la posibilidad que Salta y Jujuy se conviertan en zonas
de cultivo intensivo de coca?
AC: Podría darse en algunas zonas pero no se han registrado grandes zonas
de cultivo. Sigue siendo una zona de transito. Incluso el consumo sigue siendo
muy bajo. Creo que la frontera es una zona a la que hay que tener muy presente
y la solución no pasa por montar un esquema represivo, sino en mejorar la situación
social.
Dju: ¿La actual ley de estupefacientes le parece adecuada?
AC: Yo daría un margen mayor a la imposición de penas porque a veces
quedan detenidas personas que están rayanas en el estado de necesidad. Con el
mínimo de prisión actual, que es de cuatro años y por lo tanto no es un delito
excarcelable, muchas veces vemos que la aplicación de la ley resulta injusta
de acuerdo a la naturaleza de la persona que cometió el delito. Creo que el
discurso represivo debe estar orientado a desbaratar las organizaciones dedicadas
al narcotráfico.
Dju: Precisamente, a los efectos prácticos, ¿Este marco legal permite
combatir a esas organizaciones, o solo se detienen a los delincuentes de menor
importancia?
AC: Hasta ahora en muy pocos casos se ha llegado a los "peces gordos".
Parece que hubiera mucha mas preocupación por las estadísticas en esta materia
que por reprimir eficazmente este delito. Más que hacer hincapié en cuanta droga
se secuestra, hay que apuntar al desbaratamiento de las organizaciones mafiosas
que se dedican a la producción y trafico de droga.
Dju: ¿Figuras como la del arrepentido, el agente encubierto y el testigo
protegido son útiles para combatir este tipos de delitos?
AC: Hay que distinguir estas figuras, que aparecen en la ley de estupefacientes.
El testigo protegido me parece algo que debiera regir, no solo para delitos
de narcotráfico sino para todas las figuras del Código Penal. El arrepentido
es muy importante en materia de crimen organizado no solo en materia de narcotráfico.
En Italia se descabezaron organizaciones mafiosas en base a la figura del arrepentido.
En cambio, el agente encubierto me parece una figura mas cuestionable porque
parece que la ley lo autoriza a cometer delitos para desbaratar otros. Creo
que habría que darle otras características.
(N. de la R: Ley 23.737, sobre estupefacientes: "Artículo 31 bis
- Durante el curso de una investigación y a los efectos de comprobar la
comisión de algún delito previsto en esta ley o en el art. 866 del Código Aduanero,
de impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de los
autores, partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de
prueba necesarios, el juez por resolución fundada podrá disponer, si
las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo, que
agentes de las fuerzas de seguridad en actividad, actuando en forma encubierta:
a) Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre
sus fines la comisión de los delitos previstos en esta ley o en el art. 866
del Código Aduanero, y
b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley
o en el art. 866 del Código Aduanero.
La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad
con la actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la
debida seguridad.
La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de inmediato
en conocimiento del juez.
La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto.
Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información
personal del agente encubierto, este declarará como testigo, sin perjuicio de
adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el art. 31 quinqués. (agregado
por ley 24424)
Artículo 31 ter - No será punible el agente encubierto que como consecuencia
necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido
a incurrir en un delito, siempre que este no implique poner en peligro cierto
la vida o la integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento
físico o moral a otro.
Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará saber
confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma reservada,
recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda.
Si el caso correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo,
el juez lo resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado. (agregado
por ley 24424).
Artículo 33 bis - Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir
fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo
o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el tribunal deberá
disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas. Estas
podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo o imputado,
y en la provisión de los recursos económicos indispensables para el cambio de
domicilio y ocupación, si fuesen necesarias. La gestión que corresponda
quedará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación. (agregado por ley 24424)."
)
Dju: ¿Usted tuvo que utilizar estas figuras?
AC: En dos ocasiones se utilizaron agentes encubiertos y en cuanto a
arrepentidos se dieron varios casos pero la situación de estos últimos queda
a resolución del tribunal oral, respecto de la evaluación que este haga de sus
declaraciones. En cuanto al agente encubierto, como decía, no es una figura
con la que simpatice. El tribunal tiene que vigilar que el agente no vaya a
ser el inductor o provocador del delito. En un caso que investigamos, sobre
un grupo de ex gendarmes que se dedicaban al trafico de cocaína, la actuación
de un agente que actuó encubierto produjo muy buenos resultados.
Dju: ¿Los testigos protegidos reciben una protección real de parte del
Estado?
AC: Hasta ahora es totalmente ilusoria esa protección. Debe hacerse un
Plan de Testigos Protegidos con la suficiente financiación para que si fuera
necesario se le posibilite al testigo la sustitución de su identidad y se le
brinden los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y
ocupación. Ahora eso no existe. Hasta ahora lo que hay es la ley y las ganas
de aplicar la figura del testigo protegido.