Al fundar su reclamo los familiares argumentaron que la difusión por esa vía "constituye una garantía esencial para los imputados -el de tener un juicio público-" a la vez que le otorgará un "fuerte efecto educativo" sobre la ciudadanía.
El pedido fue formulado por el abogado Alberto Luis Zuppi en representación de familiares de "asesinados y víctimas" del atentado, quien consideró que el juicio "ha generado una importantísima expectativa en el país y en el exterior, máxime teniendo en cuenta los sucedido el 11 de septiembre en las ciudades de Nueva York y Washington en los Estados Unidos de Norteamérica".
Semanas atrás el tribunal había rechazado un pedido que en ese sentido le formuló un canal de cable local, y para las audiencias está prevista sólo la instalación de un circuito cerrado de televisión para que los periodistas sigan las alternativas del juicio desde las dos salas de prensa habilitadas a tal efecto.
Según se señaló en la presentación "la presencia de la televisión en el debate no acarreará ningún efecto negativo que pueda afectar su normal desarrollo".
Sin embargo el tribunal había fundado su prohibición argumentando que la transmisión directa, ya sea por esa vía o mediante la radio "podría atentar contra la espontaneidad de los testigos". Al respecto destacaron que "la visualización por el público en general de las múltiples audiencias a llevarse a cabo, importaría una directa violación de los establecido en la última parte del primer párrafo del artículo 384 de la ley ritual" ya que "permitiría, a quienes deban deponer en una faz ulterior del juicio observar lo que viene acaeciendo en él".
Cabe destacar que la prohibición rige para las audiencias de recepción de prueba, en tanto que podrían concederse autorizaciones tanto para la jornada inicial como para los alegatos finales, en un juicio que durará alrededor de diez meses.
Por otra parte, pudo saberse hoy que tanto la querella como el tribunal solicitaron al juez federal Juan José Galeano copias de videos relacionados con el atentado, en especial filmaciones registradas por aficionados y por la televisión en los momentos posteriores a la voladura ocurrida el 18 de julio de 1974.
Si bien el tribunal requirió "el resto" de los videos acumulados durante la instrucción, también las fuentes consultadas indicaron que se solicitó otro en el que se registró parte de la confesión del reducidor de automóviles robados Carlos Telleldín acerca de su vinculación con oficiales de la Policía Bonaerense.
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