La Comisión de Acusación citó el 13 de noviembre del año 2000 al fiscal Calle Guevara, a una prosecretaria de la Cámara y una semana mas tarde fue el turno de varios empleados del Tribunal. En tanto, el lunes 7 de diciembre fueron citados abogados de empresas y la secretaria personal de la juez Isabel Miguez de Cantore.
Según lo señalaron fuentes seguras a Diariojudicial.com, la decisión de citar a Peirano surgió luego de las declaraciones de los letrados y de camaristas que fueron citados. Miguez de Cantore también habría comprometido la situación de su colega Peirano cuando fue citada. La camarista dijo que uno de sus pares, (por Peirano) “mantenía una estrecha relación con el estudio del ex ministro de Justicia, Rodolfo Barra y que en diversas causas, Peirano mediaba para que el Tribunal fallara a favor de él”.
En esa ocasión, la magistrada había advertido ante los consejeros que “le habían preocupado algunas situaciones referidas a la relación del juez Peirano con el letrado Pedro González Trabuco, quien representaba a una de las partes en la causa que supuestamente la Cámara habría beneficiado a Barra”. Según se desprendió de la declaración de Cantore, el año pasado, las supuestas irregularidades estarían referidas a diversas causas, como Ankober S.A. C/Coll, la contribución del letrado a la compra de la vivienda del Juez, y la tramitación de la causa Financier S.A. c/ Kisic.
Miguez de Cantore, también había indicado que “en las causas que se tramitaban en la Cámara había en juego altísimas sumas de dinero” y que “en un expediente, el monto superaba los 100 millones de dólares”. Fue un contrato donde se ganó la licitación para proveer de gas a tres partidos de la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, a la delicada situación de los miembros de la Sala A, se suma otra denuncia realizada por la petrolera ESSO, que imputó a los magistrados el presunto delito de “prevaricato”.
La denuncia de Esso contra los camaristas fue presentada en el juzgado correccional número 9 a cargo de la doctora Ana María Bulascio de Rúa. El presunto delito se habría dado en el marco de una medida judicial confirmada por la Sala A, que impidió la instalación de un “área de servicios” sobre la Ruta 2. El titular de la petrolera multinacional, Juan Angel Pardo, había explicado que “con una total intención de fraude judicial se peticionó y se obtuvo en un juzgado notoriamente incompetente y sin fundamento una medida de no innovar contra Esso”.
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