El manual también incluye gráficos del edificio de Pasteur 633 y fotografías del día del atentado cuando las cuadrillas de salvataje intentaban rescatar a los sobrevivientes de la tragedia en la que perdieron la vida 85 personas.
El texto esta dividido en 14 capítulos entre los que se incluye una breve reseña de la llamada “conexión internacional” que continúa siendo investigada por el juez federal Juan José Galeano.
En ese capítulo explican que en el plano internacional “se ha investigado y continúa investigando, a todas las personas y grupos que pudieren haber intervenido en la toma de decisiones y apoyo logístico para la perpetración del atentado”.
Los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia, que intervinieron en la etapa de instrucción orientaron sus investigaciones “hacia grupos fundamentalistas islámicos asentados en la llamada Triple Frontera y los grupos asentados en nuestro país, que pudieren formar parte de células dormidas de grupos terroristas, dispuestas a actuar en el momento en que le fuera ordenado”.
Al respecto, el manual destaca que “se continúan profundizando hipótesis de trabajo que vinculan a grupos terroristas asentados en el exterior, que podrían haber tenido directa vinculación con el hecho”, y a partir de los testimonios de disidentes del régimen iraní, ex miembros de la inteligencia de dicho país y expertos en terrorismo internacional se pudo obtener “valiosa información en cuanto a la operatoria de estos grupos y el apoyo con que cuentan”.
También dan cuenta de las investigaciones sobre “operaciones iraníes en la Argentina”, al sostener que “una parte significante de la investigación del atentado contra el edificio de la sede de la AMIA , se ha centrado sobre Moshen Rabbani, quien en el año 1994 se desempeñaba como agregado Cultural de la Embajada de Irán en la Argentina, y entre miembros de la diplomacia iraní sobre quienes se dispusiera la captura”.
Según destacan fue propósito de esta investigación “determinar cómo y quienes tomaron parte del más terrible atentado terrorista contra un objetivo civil que haya sufrido la República Argentina, acabando con la vida de 85 personas”, y durante el juicio intentarán “demostrar cuál fue la forma utilizada para demoler con explosivos, ubicados en una camioneta-bomba, el edificio de la AMIA”.
Al explicar la metodología de la investigación utilizada, los fiscales recordaron que “el gran caudal de información que ingresó y la que produjo el propio juzgado desde el comienzo de la investigación debió ser distribuido en distintos legajos para que las diversas tareas criminalísticas tengan un orden y una especialidad”.
En ese orden se recibieron hasta el momento 1900 declaraciones testimoniales y se dispuso una serie de medidas para recabar la información necesaria para el desarrollo de la causa, entre ellos 400 intervenciones telefónicas de sospechosos, se requirieron más de 300 informes a distintas fuerzas de seguridad y organismos públicos y privados, y también se realizaron un sinnúmero de cruces telefónicos, tendientes a determinar contactos entre las personas sospechadas.
Además, se libraron más de 100 exhortos internacionales, solicitando a distintos países colaboración en la investigación y la producción de medidas de prueba, a la vez que destacaron que “se implementó en forma novedosa, la reserva de identidad de testigos de distintas personas que aportaron elementos de convicción útiles y que oportunamente manifestaron sus miedos y preocupaciones que les provocaba declarar en contra de los sospechosos.
En el capítulo destinado a describir los principales obstáculos en la investigación se cuentan la falta de 66 casetes que contenían las conversaciones que se habían mantenido desde y hacia el domicilio de Carlos Alberto Telleldín, el reducidor de automóviles robados que está acusado de ser participe necesario del atentado; la desaparición de su agenda, así como también un intento de extorsión con un video hacia el juez Galeano.
Al describir los recurso con los que se llevó a cabo la investigación, los fiscales recordaron que “no fueron los ideales al comienzo de la misma, toda vez que una dependencia policial (DPOC) era la encargada de llevar a cabo las medidas prevencionales que un proceso de esta magnitud requiere y no lo hizo en forma especial, ya que contemporáneamente trabajaba en otros casos”.
“Recién casi tres años después del atentado, en 1997, se creó el Departamento Unidad de Investigaciones Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA), que posibilitó nuevos elementos de prueba y el análisis y confrontación de toda la información del proceso”.
Al resaltar esas limitaciones en la investigación destacaron que el juzgado de Instrucción recibió recién en agosto de este año el sistema Excalibur.
En los datos estadísticos de la causa se detalla que la misma acumuló 474 cuerpos; fueron recibidas 80 declaraciones indagatorias y se realizaron 230 allanamientos. Declararon 25 testigos de identidad reservada y uno encubierto, mientras se concretaron 5 careos.
En el expediente se iniciaron 299 legajos de hipótesis de investigación y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) realizó 438 encuestas.
Testigos protegidos
Por otra parte, a través de un decreto firmado por el presidente Fernando de la Rúa fue creada la figura del “testigo protegido” especialmente para ser aplicada en el juicio por el atentado a la AMIA, por lo que esta se extenderá más allá de los delitos relacionados con el narcotráfico, tal como lo prescribe la actual ley de estupefacientes. El mecanismo funcionará bajo la órbita de la unidad antiterrorista.
Así fue confirmado por fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aunque aún el reglamento no fue publicado en el Boletín Oficial. De todas formas trascendió que le otorgará competencia a la unidad antiterrorista (DUIA), que funciona bajo la órbita de esa cartera, para establecer el régimen de protección como respuesta a las exigencias que pusieron más de cien personas que respondieron a la convocatoria que hizo la DUIA a quienes pudieran aportar información sobre el atentado.
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