El presidente de la Cámara, Martín Irurzun dispuso extraer testimonios de la presentación formulada por la agrupación que nuclea a parte de los familiares de las víctimas, a través de su abogado Alberto Zuppi, quienes aseguraron que el juez Galeano había ordenado destruir filmaciones con declaraciones de imputados en la causa. Por sorteo la investigación penal de ese hecho recayó en el juzgado federal a cargo de Jorge Urso.
El magistrado deberá investigar si Galeano incurrió en violación al articulo 255 del Código Penal, que reprime “con prisión de un mes a cuatro años, el que substrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público”. En tanto, la Cámara notificó al Consejo de la Magistratura que se había iniciado "a raíz de los términos de la denuncia" un sumario administrativo tendiente a determinar si el magistrado incurrió en un presunto mal desempeño en sus funciones.
De todos modos, Galeano continuará al frente de la causa hasta tanto no surjan elementos que lo incriminen, y el caso de su presunta inconducta deberá ser el Consejo quien deba resolver.
Según confiaron fuentes de la Cámara, el tribunal hizo uso de su poder de superintendencia y por reglamento comunicó la novedad al Consejo de la Magistratura. Las mismas fuentes precisaron que en ambas medidas "no hay pronunciamiento de mérito" de la Cámara contra el juez , toda vez que es "obligación" del tribunal, “denunciar la existencia de un presunto incumplimiento de los deberes". Galeano había admitido ante el Tribunal Oral Federal 3 la destrucción de esas filmaciones que constituían "elementos de trabajo y su contenido constaba en actas" y de "otros elementos técnicos no exigidos por la legislación procesal", que durante un tramo de la instrucción se utilizaron para analizar, en forma conjunta con el personal del juzgado y los equipos policiales afectados, presuntas líneas de investigación.
Esa misma explicación la habría brindado Galeano ante la Cámara Federal en el día de ayer mediante un escrito en el que se resumía cual había sido su conducta en torno a esas filmaciones destruidas, que no incluirían una conversación mantenida entre el juez y el reducidor de automóviles robados Carlos Alberto Telleldín en la cual habría involucrado "de forma espontánea" a los policías de la provincia de Buenos Aires en la maniobra de extorsión por la cual hoy también son juzgados. Ese video, según reconocieron distintas fuentes consultadas por Diariojudicial.com habría sido remitido al TOF-3 en agosto del año pasado.
Esta filmación, según los voceros, comprometería aún mas la situación de Telleldín ya que demostraría palmariamente que "no fue presionado" para declarar en contra de la banda de policías que encabezaba el ex subcomisario Juan Jose Ribelli.