04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

A) INCÓMODO

 
Se encuentra el juez de Instrucción Nelson Jarazo, quien en la causa que tiene como imputados al propio presidente Fernando de la Rúa y a otros colaboradores de primer nivel como son el actual secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo y el Procurador del Tesoro, Enrique Marcer, acaba de no hacer lugar, por el momento, al pedido de ordenar sus declaraciones indagatorias de acuerdo al requerimiento que le formuló en ese sentido el fiscal Alejandro Molina Pico, hermano de un ex comandante en jefe de la armada. El cuarto imputado es Eduardo Delle Ville, ex secretario de Hacienda de la comuna. Ocurre que Jarazo es uno de los cuatro jueces que mocionó el Consejo de la Magistratura para ocupar una de las tres vacantes que existen en los tribunales orales federales de La Plata y su pliego está, ahora, a consideración del propio jefe de Estado. O sea uno de los acusados por el fiscal de haber incurrido en presuntas irregularidades en la concesión de la autopista Humberto Illía, que une la avenida 9 de Julio con el Aeroparque Metropolitano y por la que se paga $ 1 peso por cada auto que pasa por ella. Los datos sobre los que trabaja el fiscal hablan de un presunto sobreprecio de más de $ 300 millones y entre los funcionarios más comprometidos se encuentra Gallo, quien ocupaba el cargo de secretario de obras públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se concesionó la autopista a la sociedad COVIMET, uno de cuyos integrantes es la empresa constructora de Benito Roggio. Para el ex concejal Marcelo Gey, Jarazo se tendría que haber excusado sin esperar que la continuidad de la causa en su juzgado deba ser resuelta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

B) REASUNCIÓN. Es la que efectuó el juez este viernes con el trámite del expediente, ya que con anterioridad había delegado la instrucción en el ministerio público fiscal. Esta movida generó múltiples especulaciones, ya que se considera que si no hay mérito para indagar luego del requerimiento del fiscal - por establecer que no se reunieron pruebas suficientes-, cuál es la finalidad de retirarle la causa a quien entonces, habría que darle la oportunidad que profundice su investigación.Una cuestión comentada en Tribunales fue la presentación en esta causa de Marcer, en cuyo escrito de 30 páginas se dedicó a objetar duramente al fiscal, a quien Nicolás Becerra –el jefe de los fiscales- le recomendó bajo perfil y que comience por las segundas líneas. Marcer está acusado por Molina Pico de haber avalado jurídicamente como Procurador del Gobierno de la Ciudad, los contratos que se concedieron por decreto sin esperar una ley de la Legislatura y de haber permitido el cambio de condiciones de los pliegos de licitación que beneficiaron a COVIMET, cuyo trámite se encargó la dependencia de Nicolás Gallo en gestionar. La causa comienza a tener un tibia repercusión periodística aunque por el momento son muchos los que quieren que de esto no se hable, aunque es posible, que el día después que el actual presidente deje de estar en el principal sillón del país, sean los mismos que se encarguen de acusarlo como lo hicieron con Menem, de quien dicho sea de paso no tiene seguridades –casi todo lo contrario- de que la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña vaya a fallar a su favor esta semana o despues del 14 de octubre, como ya sugirió esta columna.

C) PRÓXIMO. A bajar el martillo en un juicio contra Boca Juniors está el juez Martín Silva Garretón –el mismo de Aerolíneas a quien una sala del fuero Contencioso Administrativo quiere sacarle a toda costa ese expediente- quien el miércoles recibió una demanda de la DGI por la que inició una acción ejecutiva fiscal contra las siguientes sociedades: “La Xeneixe SA”, “Fondo Boca” y el Banco Nacional de Valores. En ese juicio, el ente recaudador impositivo también lo involucró a Mauricio Macri, el presidente de Boca, que se constituyó en fiador solidario por $ 1.700.000. A Macri hijo se lo acusa de presunto incumplimiento de obligaciones tributarias que en nada lo beneficia en sus aspiraciones políticas para el 2003 porque aún carga con su procesamiento en primera instancia en el fuero en lo Penal Económico por presunto contrabando agravado, cuyo fallo se encuenta en la alzada de ese fuero. También el presidente de Boca se encuentra a merced de la fiscal Gabriela Ruiz Morales, quien piensa extender esa investigación a dos períodos posteriores, complicando la situación de la ex empresa de los Macri, de por si ya bastante agravada. En este juicio ya se encuentra procesado con resolución firme Franco Macri, en un expediente que a partir miércoles pasado recobró a su juez natural, Guillermo “Mudo” Tiscornia, quien vuelve a la actividad luego que el Senado, por mayoría, lo absolviera de los cargos por el que estuvo suspendido por más de dos años.

D) CIEN AÑOS DE PERDON. Sería una muletilla aplicable al curioso asalto que sufrió en Catamarca el jefe de la CGT de los “Gordos”, Rodolfo Daer, en Catamarca. Lo curioso es que fue asaltado por una barra de punteros que teóricamente responde a Luis Barrionuevo, el gastronómico que se postula como candidato a senador por esa provincia. El otro que se salvó de la barra brava del también presidente de Chacarita, fue Hugo Moyano, quien junto con Daer y otros popes gremiales –“la familia unita” como Daniel Amoroso de los empleados de Loterías y Casinos mas algún abogado del Frepaso que asesora a determinados sindicalistas, alquilaron un avión y se fueron a las tierras del extinto Vicente Leónides Saadi a alentar a Luisito, complicado, además, en la causa que debiera investigar el juez federal Gabriel Cavallo por las irregularidades denunciadas en el sistema de salud, que llega a manejar anualmente unos $ 3.000 millones. Pero como todo queda en casa, el fiscal federal Carlos Cearras -se agita de tanto despotricar- no logra que el juez -pronto va a ser nominado camarista por el Senado- le ponga ritmo a esa causa. Cearras ya debió dejarla en manos de su colega Eduardo Di Massi y Cavallo no quiere hacer olas hasta que la comisión de Acuerdos del Senado le levante o baje el pulgar al nombramiento como camarista, a propuesta del presidente De la Rúa, de quien Héctor Lombardo, superior de Ruben Cano, el responsable de la ANSeS que administra todo ese dinero, es uno de sus ministros de mayor confianza. El tema no deja de preocupar a Cano, quien el sábado “se comía” literalmente diarios y revistas que hacían referencia a su situación política y la de su jefe, en el shopping de Pilar.

E) RECHAZO.Con algunas consideraciones para nada favorables, es la que se encuentra preparando el Tribunal Oral Federal nro. 2 de Córdoba con respecto al pedido del juez federal porteño Jorge Urso, de anexar a su propia investigación por el caso Armas, la explosión en la fábrica militar de Río Tercero. Los camaristas cordobeses José María Tribuzzio, José Perez Villalobo y Abel Sánchez Torres, no aceptarán los términos ni las pretensiones con que el juez solicitó la medida inhibitoria por el hecho de contar con más elementos y sumar imputaciones contra Carlos Menem, quien acaba de apelar ante la Casación Penal su excarcelación que fuera rechazada por la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña. Los abogados del ex presidente esperan que este tribunal se pronuncie esta semana sobre la situación procesal del ex presidente, aunque otras voces en tribunales dudan que así sea y creen que Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattaneo no dirán esta boca es mía hasta después del 14 de octubre, cuando se concreten las elecciones legislativas nacionales. Tampoco sobre la decisión final de los camaristas existen coincidencias: mientras los abogados Oscar Roger y Oscar Salvi son optimistas, existen otras informaciones surgidas de las mismas entrañas de ese fuero que indican que no existen coincidencias entre los jueces y que si las hubiera sería para confirmar el fallo de Urso de procesamiento y prisión preventiva. Quien también ve con preocupación su futuro es Guido Di Tella. El ex canciller espera que el juez Julio Speroni decida sobre su suerte y un hecho lo prepcupa sobremanera: la semana pasada el juez le negó al abogado León Arslanián que patrocina al ex canciller, un permiso de salida al exterior para su cliente.



hugo morales / dju
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