En la presentación, que fue sorteada y quedó radicada en el juzgado número 4 a cargo de Osvaldo Guglielmino, Castro junto con Alfredo Villalba, Gustavo Cardesa y Ramón Torres Molina hicieron hincapié en la obligación del gobierno de enviar el presupuesto antes del 15 de septiembre en cumplimiento del inciso 8 del artículo 75 de la Constitución y de la ley sobre Administración Financiera y de Control del Sector Público Nacional.
Según denunciaron los legisladores, el proyecto que acercó al Congreso la Jefatura de Gabinete dentro de la fecha establecida por la ley “no cuenta con ninguno de los requisitos mínimos para constituir una formal elevación”. De acuerdo al amparo presentado que deberá resolver el juez Guglielmino, el material enviado por Chrystian Colombo “es apenas un simulacro”.
El Gobierno había advertido, al menos hasta la movida judicial de los diputados, que daría a conocer los números recién después de las elecciones que se realizarán el próximo 14 de octubre, lo que fue interpretado por Castro, Villalba, Cardesa y Torres Molina como “un artilugio... que afecta el principio republicano referido a la publicidad de los actos de Gobierno”
Para los legisladores accionantes, la fecha en que debía remitirse el presupuesto “no es arbitraria ni azarosa”, sino que “permite al Congreso y a la ciudadanía poder discutir concienzudamente el reparto del ingreso nacional según las prioridades y objetivos trazados por la Nación”.
Al argumentar acerca de la legitimidad de la vía del amparo sostuvieron que “existe e este marco una obligación constitucional incumplida por parte del gobierno que debe ser inmediatamente reparada, so pena de producir severos e irremediables perjuicios para un número indeterminado de ciudadanos” ya que, según argumentaron, “la afectación de derechos sería letal e irremediable si el Poder ejecutivo tuviera la libertad de asignar destinos de fondos y recursos en forma discrecional”.