La causa se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción, en la que se acusó a la ex funcionaria de pagar dos millones de dólares en 1995 por refaccionar un piso de una oficina céntrica y construir un entrepiso destinado para las nuevas oficinas del cuerpo de asesores del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA) con la inclusión de varios sobreprecios. Según la denuncia, en lugar de celebrar un único documento, la ex funcionaria firmó numerosos contratos separados de montos menores, por lo que evitó llamar a licitación pública, y adjudicó la obra en forma directa a distintas empresas y profesionales con los cuales mantenía una relación personal.
La hija de Álvaro Alsogaray, mediante un procedimiento contable, habría tomado dinero que sobró de distintos ejercicios presupuestarios y los depositó en un fideicomiso, con lo cual convirtió esos fondos en extrapresupuestarios para poder disponer libremente de ellos. También habría pagado precios inflados en un 192 % para la compra de mamposterías y tabiques y un 444 % para la construcción de baños.
La ex funcionaria arribó a los tribunales poco después de las 10 en un automóvil distinto a los días anteriores para despistar a la guardia periodística que la esperaba. A las 14.30 hubo un cuarto intermedio para almorzar por lo que la acusada fue con la defensora oficial Perla Martínez a la oficina de la letrada pero tampoco se permitió el acercamiento de periodistas. Las exposiciones de las contrataciones, cuya irregularidades de cuestionan, comenzaron el miércoles, por lo que fueron más de 20 horas de declaración indagatoria.
Alsogaray está imputada de las figuras de defraudación, administración fraudulenta y asociación ilícita, cuyo liderazgo le atribuyó el fiscal Miguel Angel Osorio. Si se prueba que fue jefe de una asociación ilícita Canicoba Corral deberá dictarle la prisión preventiva por tratarse de un delito no excarcelable. Por esa figura penal fue encarcelado el ex titular del PAMI, Víctor Alderete -luego liberado-, además del ex presidente Carlos Menem, quien se encuentra desde hace casi cinco meses en prisión domiciliaria en una quinta ubicada en la localidad bonaerense de Don Torcuato.
De la causa surge que la ex secretaria de Medio Ambiente habría sido acompañada en la organización delictiva por la ex subsecretaria de Coordinación, Mabel Behal, el ex coordinador de créditos internacionales, Oscar Banchio, el ex delegado en Parques Nacionales, Santiago Bignoli, su padre Arturo Bignoli, Enrique Kaplan y Aurora Cuchi de Rincón.
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