Aunque actualmente rige el secreto del sumario solicitado por el fiscal Aldo De la Fuente al juez de la causa, este medio pudo saber que se están realizando diversos allanamientos en las distintas Organizaciones no Gubernamentales que funcionaban como intermediarios entre el Gobierno local y los beneficiarios.
En la causa, iniciada por una denuncia de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, son investigados cerca de 300 militantes de distintas agrupaciones políticas estudiantiles, en su mayoría de Franja Morada (radicales).
Los planes de trabajo fueron otorgados por plazos de 6 meses y según la ley que los implementó, debían ir destinados a jefes de familia desempleados, de zonas de alta vulnerabilidad social, y que no recibieran ningún otro tipo de subsidio. En la mayoría de los casos, ya se ha comprobado que los requisitos se incumplieron sistemáticamente.
Las fuentes aseguraron que se están tomando testimoniales a quienes trabajaron en la Dirección General de Microemprendimientos a cargo de Jorge Viscuso y que se ampliaran varias de las denuncias. Según el fiscal De la fuente, solicitó el secreto del sumario "por la muy alta connotación política, que hace necesario restringir el acceso al expediente" con el objeto de mantener el factor sorpresa en las medidas que se tomen para la recolección de pruebas.
Por otra parte, Oliveira concurrió ayer a la tarde a la Legislatura porteña para entregar a la Junta de Ética y la Comisión de Desarrollo Social el Informe Final sobre las irregularidades en el plan de "Nuevos Roles Laborales", que la Defensoría detectó. El documento también será presentado al fiscal, que instruye la causa por delegación del juez .
En el Informe de 72 carillas que publica hoy Diariojudicial.com en forma completa, la Defensora solicitó al Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra que revise el decreto que estableció el Plan laboral cuya ejecución presentó graves deficiencias.
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