Según la denuncia que la legisladora presentó hoy ante la fiscalía de instrucción 31 que encabeza Aldo De la Fuente, a cargo de la causa por delegación del juez Enrique Velázquez, recibieron estos beneficios empleados en actividad del ANSSES, del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Ejército, Armada, Fuerza Aérea, COMFER, CONICET, Migraciones, Desarrollo Social, Vialidad, Cancillería, Ministerios de Trabajo e Interior, PAMI, Policía Federal, Servicio Penitenciario y Secretaría de Turismo, entre otros.
Según Ripoll, a partir de un "cruce de datos, fue posible establecer quién está o estuvo trabajando en organismos públicos y a la vez fue beneficiario de los planes", que entraron en funcionamiento por el gobierno porteño en 1999, cuando el actual presidente, Fernando De la Rúa, era jefe de gobierno.
"Estamos ante un grave hecho de corrupción y clientelismo político. El gobierno de Aníban Ibarra, en vez de destinar la plata de los impuestos que paga el pueblo a solucionar el problema de los desocupados, se la da a los punteros de la Alianza", denunció Ripoll.
"Hubo una preparación y ejecución de hechos delictivos por parte de funcionarios del gobierno de la Ciudad, en complicidad con representantes de diversas organizaciones no gubernamentales y punteros de la Alianza, para desviar fondos en desmedro de los desocupados", puntualizó Giordano.
Ripoll ya había ampliado una primera denuncia el 23 de abril pasado, en una presentación conjunta con agrupaciones universitarias viculadas al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). La legisladora de Izquierda Unida imputa a las más de 300 personas acusadas -funcionarios del gobierno de la ciudad, directivos de ONGs y militantes de la Alianza- por los delitos de fraude contra la administración pública, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
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