El magistrado también libró oficio al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini para obtener por su intermedio esa información relacionada con los ataques terroristas ocurridos el pasado 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, ante una denuncia que presentó el abogado Eduardo Bercesat y que impulsó el fiscal Eduardo Taiano, relacionada con los cinco ciudadanos argentinos muertos en el atentado.
Para el letrado, la iniciación de la pesquisa es necesaria "para dilucidar la responsabilidad penal en el atentado perpetrado en las llamadas torres gemelas" y porque "la judicialización del atentado" puede servir como "único soporte legítimo de atribución de responsabilidad penal contrarrestando así discursos de primitiva venganza".
Entre los puntos citados por el abogado para que en la Argentina se investiguen los atentados norteamericanos se encuentra la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio a la que la Argentina adhirió el 9 de abril de 1956. En ese tratado se especifica que "las partes contratantes confirman que el genocidio ya sea cometido en tiempos de paz o en tiempo de guerra es un delito de derecho internacional que se comprometen a prevenir y a sancionar".
Asimismo, el abogado sentenció que "hasta el momento cabe subsumir el atentado sufrido en la ciudad de Nueva York como un clarísmo supuesto de delito de lesa humanidad, que sólo tuvo como objetivo el exterminio masivo de seres humanos, hombres civiles en tiempos de paz".
Además, recordó que posteriormente se firmaron convenciones internacionales que establecen "la jurisdicción universal en el caso de los delitos de lesa humanidad lo que importa la imposibilidad de restringir la jurisdicción nacional frente a este tipo de conductas delictivas".
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