El 1 de noviembre el Tribunal de Apelación del Reino Unido denegó todas las causales del recurso de apelación interpuesto contra la declaración de culpabilidad y la pena impuesta en la causa contra los dos palestinos, ambos residentes en Gran Bretaña. Los dos habían sido condenados en 1996 a 20 años de prisión por conspirar para causar explosiones en la Embajada de Israel y en Balfour House, en Londres. En julio de 1994 –el mismo mes del atentado contra la sede de la AMIA, en Buenos Aires- habían estallado en estos dos lugares sendos artefactos explosivos sin causar ninguna muerte.
Samar Alami y Jawad Botmeh siguen declarándose inocentes de estos cargos. Según Amnistía “durante su juicio no se presentó ninguna prueba de cargo que los vinculara directamente con los atentados, y ambos disponían de coartadas”. El recurso de apelación se fundó en que las condenas no eran fiables debido, entre otros motivos, a que la fiscalía no había revelado elementos de las pruebas a los abogados defensores, y en la excesiva duración de las penas impuestas.
Para la organización defensora de los derechos humanos, a los condenados se les negó la garantía a ser sometidos a un juicio justo debido a no habérseles revelado completamente “ni durante el juicio ni posteriormente” la información con la que se manejaban los organismos de inteligencia y que podrían haber sido importantes para su defensa.
Uno de los motivos de la apelación se fundaba en declaraciones formuladas por David Shayler, ex agente del servicio de información británico encargado de la seguridad interna (MI5), quien afirmó que antes de cometerse los atentados, los servicios de seguridad habían recibido una advertencia de que se estaba preparando un ataque contra la Embajada de Israel. Según Shayler, recibida esta advertencia no se había tomado ninguna medida al respecto.
Amnistía vio con preocupación que en octubre del 2000 el Tribunal de Apelación celebró una vista a puerta cerrada en ausencia del equipo de defensores, mientras que sí admitieron la presencia del acusador. Según la denuncia, durante la vista a puerta cerrada, la fiscalía presentó ante el tribunal unos documentos que no se habían puesto en conocimiento de los acusados ni de sus abogados.
Tras la vista, los jueces habrían ordenado que se revelara una sola prueba, consistente en una nota escrita a mano en la que se resumían ciertos datos recibidos por los servicios de información antes de los atentados, indicando que una organización terrorista, no vinculada con Alami ni Botmeh, estaba buscando información sobre el emplazamiento y los sistemas de defensa de la Embajada de Israel en Londres a los efectos de la posible comisión de un atentado con explosivos.
También se explicaba que ni el MI5 ni la Brigada Especial de la policía que investigaba el ataque habían revelado esta información al juez que había actuado en la causa debido a, por lo menos, seis actos de “error humano” e “inadvertencia”.