Se trata de un instituto establecido por la Ley 24.660 (Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad) que se aplica a los condenados, cualquiera sea la pena impuesta, y que consta de cuatro etapas por las que debe atravesar: de observación, de tratamiento, de prueba y de libertad condicional.
“Se trata de un sistema que, si no está bien administrado, podría prestarse a que se generen actos de corrupción, sobre todo en unidades carcelarias superpobladas; la progresividad, como concepto criminológico, es muy bueno, pero queremos mejorar la ejecución para prevenir cualquier posible desviación”, explicó Ruiz Moreno.
El Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal –que depende de la Subsecretaría- adoptó medidas orientadas a perfeccionar el sistema, que incluyen la información a la población penal sobre las normas que la regulan, la aceleración de los trámites y el trabajo de una comisión que presentará un estudio en 60 días del que surgirá el decreto reformador.
El funcionario, mano derecha del ministro Jorge de la Rúa, intentó describir la situación a Diariojudicial.com al explicar que “en Devoto hay dos mil presos y los jueces siguen mandando más”, mientras que “justamente los mayores problemas se dan en las cárceles más superpobladas”, como las de Devoto, Neuquen, Rawson y la unidad 3 de mujeres de Ezeiza.
Además sostuvo que el objetivo es “hacer más ejecutivo y transparente al Régimen Penitenciario, y para ello debemos poder medir la conducta de la población penal, con elementos válidos y confiables y lograr coincidencia de criterios entre los Consejos Correccionales de los establecimientos penitenciarios federales”.
El subscretario de Asuntos Penitenciarios, también consideró que el objetivo es “que los mecanismos funcionen de la mejor manera; es una forma de garantizar los derechos de la población penal, porque además de ser nuestra obligación asegurar que esos derechos se cumplan, se han recibido reclamos de los internos en distintos establecimientos, en particular aquellos de alta complejidad, o con mayor cantidad de población”.
Ruiz Moreno reconoció que este tipo de unidades penitenciarias necesitan mejoras de infraestructura y de recursos humanos “a fin de poder hacer las evaluaciones pertinentes para definir el paso de una etapa a otra de los internos, ya que ello depende de calificaciones periódicas que reciben”.
Por otra parte agregó que “se trata de ir acercando al interno, paso a paso, hacia la libertad, perfeccionando los objetivos determinados por la Ley, cuyo fin es generar una evolución positiva para la reincorporación social plena”.