En el encuentro, Coriolano hizo especial mención del grave problema relativo a la superplobación en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires y a las casi setecientas denuncias sobre torturas y apremios a los detenidos, que surgen del propio Banco de Datos de la Defensoría. Por otra parte, se acordó la conformación de la primera Asociación Americana de Defensorías Públicas para garantizar el derecho a la justicia en los países adheridos a la OEA, propuesta que fuera hecha por el Defensor ante el Tribunal de Casación bonaerense.
Según Coriolano esa asociación "tendrá la finalidad de fortalecer la Defensa pública de los países miembros de la OEA" porque "es imprescindible la existencia de una Defensa Pública en condiciones de hacer respetar, efectivamente los derechos constitucionales".
En esas jornadas se plantearon temas referidos a la organización y funcionamiento de la Defensa Pública, a la defensa de personas privadas de su libertad y la relación de las defensorías con sus defendidos y con la sociedad.
Por otra parte, y a instancias de un manifiesto hecho por uno de los representantes de la defensa pública de Brasil, se firmó un documento de repudio de las amenazas y ataques de los que fue víctima la Defensora Oficial de San Isidro, María Dolores Gómez, con motivo de sus denuncias en defensa de detenidos.