B) IRRITACIÓN. Del fiscal del crimen, Martín López Perrando con la jueza de ese fuero, María Cristina Bértola quien tiene a su cargo la instrucción de la mafia de los taxis. Ocurre que el representante del ministerio público se queja de que su investigación no prospera porque en el juzgado no se toman las medidas que impulsa y desde la otra vereda se contesta que las pruebas son inconsistentes, en un tira y afloje que no sería extraño un sector de la Policía Federal. Por lo pronto Perrando exhibe como prueba de sus refutaciones la liberación de los acusados por el crimen de Lecuna, ex marido de Georgina Barbarosa, a quienes sus detractores le achacan que se acordó del delito a partir de la lamentable y trágica muerte de su marido, quien pasó por la pesadilla de ser adicto a las drogas pese a los variados tratamientos que hizo en los últimos años. Pero la pelea de Perrando no se encierra sólo en lo jurídico sino también en lo ideológico. Al fiscal se lo vincula con los sectores judiciales proclives a la mano dura y coincidente con la línea de pensamiento de ex jueces que fueron retirados de la Justicia por Raúl Alfonsín en 1983. En la otra vereda, Bértola se idéntifica con progresistas como el camarista federal de tribunal oral Martín Federico, una de las mentes más brillantes de la justicia porteña que supo tener destacada actuación como abogado de los sindicatos combativos de Córdoba a principios de los ’70 y que en el exilio fue profesor en la Sorbona de París y uno de los abogados negociadores entre Estados Unidos e Irán. cuando un referente de la CIA americana y del Imán Khomeini , al mismo tiempo, fue el conocido “Pájaro” Villalón. Este hombre de Jorge Antonio, hoy activo en San Pablo, fue clave en esas negociaciones que mezclaron no sólo a americanos e iraníes sino a otras raras composiciones latinoamericanas como las de los Montoneros con los agentes de Massera. Seguramente, ni Bértola ni López Perrando habrán hurgado en sus árboles ideológicos tamaños parentescos.
C) MOVIDA. Es la que se apresta a hacer el principal abogado de Antonio Erman González. Fernando Archimbald se encuentra estudiando la posibilidad de ir a pedir la excarcelación de su cliente al propio tribunal oral en lo penal económico (TOPE 3) porque considera que está mal encuadrado en la calificación de coautor de contrabando agravado que le impuso el juez Julio Speroni. Para ello se basa en un dictamen del fiscal de juicio, Gustavo Bruzzone –su estrella comenzará a brillar a partir de ahora en que toda la causa quedará en ese fuero- quien dijo que el delito de contrabando no puede ser cometido por un gabinete que representa a los intereses del Estado. Lo que no dijo ahí Bruzzone y luego se encargó de explicarlo es que, sí, los funcionarios pueden cometer delitos de contrabando cuando burlan disposiciones oficiales. Esto es: un decreto no contiene el delito de contrabando cuando se cumplen con todas las disposiciones legales, pero ojo, eso no quiere decir que un funcionario por si o en combinación con particulares, no lo haya hecho. Pero –además- Archimbald cargará sobre Speroni porque el mismo decreto que firmó González lo suscribieron Carlos Menem y Domingo Cavallo y a éstos últimos, el juez les dictó la falta de mérito, un paso previo al sobreseimiento, que no se dio porque las condiciones políticas y mediáticas no lo permitían. Pero, además, Archimbald con el apoyo de Carlos Froment han jugado fichas importantes a que el Procurador General, Nicolás Becerra, dictamine favorablemente. Por ello se esperanzan en que su cliente puede salir antes de fin de año, si la Corte –como ya hizo con Menem y Emir Yoma- accede al pedido del fiscal mayor de la República que imagina con ir a otros cargos de importancia fuera de la Justicia. En la Argentina de finales del 2001, todo puede ser, hasta las ilusiones más fantasiosas.
D) PREVISIÓN. Que le puede costar caro a Aníbal Ibarra es lo que acaba de hacer en el presupuesto del próximo año. El jefe de gobierno de la Ciudad –a quien un grupo empresario que suele hacer negocios importantes con el municipio porteño le quiere asfaltar el camino para las presidenciales del 2003- previno en el presupuesto general de gastos y recursos para el 2002 una partida de la misma y exacta cantidad que fija el anexo 14 del contrato de concesión de la autopista “Arturo Illía” que une a la avenida Nueve de Julio con el Aeroparque metropolitano. Pero ocurre que ese anexo está desaparecido y el fiscal Alejandro Molina Pico –hermano del ex jefe de la Armada y empeñado en llegar hasta las últimas consecuencias en esa causa pese a que están comprometidos Fernando de la Rúa y Nicolás Gallo, el poderoso secretario general de la Presidencia- así lo acreditó en la causa de la que se separó el juez Nelson Jarazo, beneficiado con un ascenso: camarista federal oral en La Plata.. Si se concreta la previsión de Ibarra –el viernes estaba incluido en el Proyecto que mandará a la Legislatura porteña- el jefe de gobierno podría ser denunciado y traído a la causa judicial junto a De la Rúa, Gallo, Enrique Marcer y Eduardo Delle Ville, ex secretario de Hacienda, extrañamente uno de los pocos economistas sólidos del radicalismo que no fue convocado por el presidente.
E) ESCASAS. Son las posibilidades que el juez Jorge Urso se quede con la investigación de presunto enriquecimiento ilícito de Carlos Menem. Es que al haberle sacado la Cámara de Casación Penal toda la investigación sobre el caso de la venta de armas a Croacia y a Ecuador –incluida la ruta del dinero- cada vez son menos las posibilidades que ese magistrado y su fiscal Carlos Stornelli puedan investigar enriquecimiento ilícito del ex presidente, porque su principal argumento para hacerlo fue que de esa manera iban a poder probar que Menem contrabandeó material bélico del Ejército a países con destinos prohibidos por la ONU. Claro que lo que preocupa a los abogados del ex presidente –Oscar Roger y Oscar Salvi- es la aparente inacción de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Nada esperaban de la Sala II con Martín Irurzun y Horacio Cattani como principales operadores de ese tribunal, pero en cambio creyeron que con Luisa Riva Aramayo y Gabriel Cavallo podían haber obtenido otros resultados al reclamo de que sea el juez Juan José Galeano y no Urso quien deba investigar. Será por eso que la camarista decidió votarse por ella para definir la presidencia de una Cámara que hoy se encuentra en el fuego cruzado de peronistas y radicales porque –a último momento- se olvidaron –dicen- de los compromisos políticos que adquirieron para llegar a esos elevados cargos.