También, en esta última reunión del año, los consejeros rechazaron una apelación interpuesta por el juez federal mendocino Luis Leiva, cuya acusación ya ha sido confirmada y tendrá que esperar una decisión del jurado de enjuiciamiento; por otra parte, se elevaron los nombres de los candidatos para cubrir tres vacantes de juez de la Cámara laboral y una para un juzgado Civil nacional; mientras que “se ratificó la decisión de realizar contratos en forma reiterada y sin resolución previa cada 180 días para los empleados del cuerpo”, tal como lo explicó a Diariojudicial.com el consejero Eduardo Orio.
Por otra parte, se acercaron hasta la sala de plenarios los flamantes consejeros Marcelo Stubrin (UCR) y Jorge Casanovas (PJ), ambos en representación de los diputados nacionales, aunque aún falta que ese cuerpo seleccione dos integrantes más. Por parte del Senado llegarán al Consejo Jorge Yoma, Miguel Angel Pichetto (era consejero por la Cámara Baja), Horacio Usandizaga (renueva) y Ricardo Gómez Diez.
A su turno, con 11 votos a favor y cuatro en contra, el Consejo en pleno aprobó un dictamen acusatorio por el cual la magistrada Torres Nieto fue suspendida a partir de hoy y en un lapso no mayor a los 180 días deberá afrontar el juicio político en el que decidirá el Jury. La juez fue denunciada por la propia Cámara Nacional del Trabajo, que detectó anomalías en los informes estadísticos que remitía cada mes para, supuestamente, ocultar el retraso en su juzgado.
A la juez se le imputó haber mentido en esos informes, en los que sostenía que había dado por terminados expedientes que aún continuaban en trámite. Por esa razón, también hay una causa penal por posible comisión de delitos de falsedad ideológica de instrumento público.
Los consejeros Lelia Chaya, Javier Fernández Moores, Fermín Garrote, Juan Gemigniani, Juan Gersenobitz, Orio, Miguel Angel Pichetto, Humberto Quiroga Lavié, Usandizaga, Stubrin y Diego May Zubiría aprobaron el dictamen acusatorio, mientras que los consejeros jueces Bindo Caviglione Fraga, Margarita Gudiño de Argüelles, Claudio Kiper y el reprensentante del PEN Alfredo Vítolo lo hicieron en contra.
Dos en uno
También en la prolongada jornada en el Palacio de Tribunales, los camaristas Fasciolo y Laclau, que se profirireron acusaciones cruzadas, estuvieron a punto de ser suspendidos, pero el plenario resolvió devolver las actuaciones a la Comisión de Acusación para que unifique los dos dictámenes acusatorios.
Al comenzar la sesión había tres posibilidades distintas: la mayoritaria proponía la suspensión de los dos con el consiguiente pase al jurado de enjuiciamiento; la segunda, minoritario, suspendía sólo a Laclau; en tanto que la tercera proponía profundizar la investigación. El Consejo no logró aprobar ninguno de los tres, sino que decidió unificar criterios en la Comisión.
Las disputas comenzaron cuando Laclau acusó a sus colegas Fasciolo y Alvaro Mari Arriaga (un magistrado jubilado que había regresado al cargo pero ya se alejó de la función) de “cajonear” causas contra grandes empresas y de “desviar y demorar expedientes”.