La detención con fines de extradición del ex subjefe de Inteligencia del Ejército durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, se hizo efectiva por orden del juez federal Sergio Torres. Sin embargo, el nuevo decreto explica que se abrirán en Argentina investigaciones por los hechos denunciados en el extranjero.
El pedido de extradición de Ribeiro fue formulado por el juez francés Roger Le Loire, quien lo acusó de haber encabezado una misión represiva de tropas argentinas en Centroamérica, con el aval de los Estados Unidos. El magistrado europeo le imputa haber participado del secuestro y posterior desaparición en Buenos Aires del joven Jean Ives Claudet Fernández, un franco-chileno desaparecido durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Ribeiro también habría colaborado en el denominado Plan Cóndor, un accionar conjunto encarado por las dictaduras latinoamericanas para eliminar a los ciudadanos opositores a los regímenes de facto y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta que respondía al mando del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Como miembro del Grupo de Tareas Exterior del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, el ex represor es considerado como el responsable de un grupo de 30 militares argentinos que a partir de 1980 instruyó en países de centroamérica a militares "en las técnicas de torturas, secuestros, y escuadrones de la muerte", según afirmaron fuentes judiciales.
El decreto que prohibe extraditar argentinos no hace más que reforzar las decisiones que el Gobierno argentino mantiene desde hace meses cuando comenzaron a llover los pedidos de parte de jueces extranjeros contra represores argentinos y que han sido rechazados vía diplomática.
Sin embargo, es posible que, como dice el decreto, se abra una causa local por esos hechos, tal como sucedió con los 18 ex represores reclamados por el juez español Baltasar Garzón y que hoy son investigados por el fiscal federal Eduardo Freiler.