En un escrito de 16 carillas al que Diariojudicial.com tuvo acceso, el Ministerio Público fundamenta que en el ámbito de la Capital Federal, donde ocurrieron los hechos investigados, la “responsabilidad primaria” por la seguridad “cae dentro de la órbita del Ministerio del Interior”, a través de la Secretaría de Seguridad, a cargo en el momento de los hechos de Enrique Mathov. Evers y Comparatore afirman que “por la prueba colectada en la causa” el ex funcionario “tuvo activa injerencia en la decisión política de desalojar la Plaza de Mayo de manifestantes”.
A la hora de deslindar responsabilidades, el escrito menciona que Mathov, durante la declaración indagatoria prestada la semana pasada aludió que desde la Secretaría de Seguridad era el encargado de disponer “el qué de las medidas a implementar”, mientras que la Policía Federal es “el brazo ejecutor”, quedando bajo su órbita el “cómo” llevar a cabo “las disposiciones previamente fijadas por las autoridades políticas”.
Así, los fiscales fundamentan que “todo funcionario público que es garante de una determinada función es responsable por los actos que realizó u ordenó, pero también de todas aquellas consecuencias producidas por la omisión de adoptar una medida que debería haber llevado a cabo y que, por diversas razones, no efectuó”.
Para los fiscales, esa medida que Mathov no tomó fue tomar una nueva “decisión política con posterioridad a la orden de despejar la Plaza de Mayo, teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos”, en referencia a la represión indiscriminada y extendida que se registró luego, que dejó como saldo 5 muertos, decenas de heridos graves y centenares de detenidos. “Resulta poco probable –continúa el escrito- que Mathov no estuviese al tanto de la que acontecía en la ciudad de Buenos Aires” y enfatizan que el ex funcionario “tenía un conocimiento lo suficientemente amplio de la situación y no obstante ello no dio ninguna orden concreta para que se modificara el modo abusivo con el cual la Policía Federal pretendió controlar el orden público”.
Además, los fiscales entienden que Mathov “debería haber adoptado todos los recaudos legales para que una medida de carácter excepcional como el estado de sitio fuera implementada de la manera más prudente posible”. En ese sentido, Evers y Comparatore advierten que “nunca se pudo saber los motivos que determinaron la detención preventiva de centenares de personas, muchas de ellas lesionadas por el accionar policial”, y allí vuelven a cargar contra Mathov argumentando que “no dispuso ninguna medida para que cesara la privación de libertad de dichos ciudadanos”.
Por eso, al detallar las imputaciones contra Mathov los fiscales entienden que “debe responder penalmente por las privaciones de libertad de las personas que fueran detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” y advierten que “cabe analizar” si le cabe responsabilidad por el accionar de los efectivos policiales en especial “en aquellos sucesos de significativa magnitud, como son los heridos por balas de plomo y los muertos civiles”.
Además, los fiscales indican que debe estudiarse si desde el momento que Mathov no tomó ninguna medida para detener la represión no se le deben imputar las consecuencias de ese accionar (es decir las muertes y los heridas graves) “a título doloso”.
Lo mismo se postula para el ex comisario Santos, para quien los fiscales piden convertir en procesamiento la prisión preventiva ordenada por la juez Servini. Para Evers y Comparatore, Santos “debe estar vinculado” como imputado a la investigación porque “prima facie, su conducta puede ser reputada como delictiva”.
Sostienen que Santos, al igual que Mathov, debe responder “como autor de la privación ilegal de la libertad” de más de cien detenidos. Y más adelante se afirma que aunque Santos “no haya dado ninguna orden de disparar con munición de plomo, ni tampoco de matar manifestantes, su función dentro de la Policía Federal lo coloca ante lo que se denomina una omisión impropia o comisión por omisión”.
“Santos tenía la posibilidad cierta de estar al tanto de la marcha del operativo y pese a ello dejó que los acontecimientos siguieran su curso”, indican los fiscales y postulan que, tanto como en el caso de Mathov la “responsabilidad penal” de Santos “debe ser equiparada a la del autor material de los disparos letales”.
Además, Evers y Comparatore solicitaron en el mismo escrito la declaración indagatoria del ex ministro Ramón Mestre y el ex presidente Fernando De la Rúa “teniendo en cuenta que los nombrados fueron los que adoptaron las decisiones políticas que tuvieron directa incidencia” en la represión.
Si bien el pedido de los fiscales es concreto, la juez Servini de Cubría aún no resolvió sus próximos pasos, aunque altas fuentes de la investigación confirmaron que no está “para nada descartada”, la detención de Mathov. Aunque otras fuentes indicaron que otra variante es “completar” la rueda de declaraciones indagatorias (en principio a De la Rúa y Mestre) para luego avanzar con nuevas detenciones.
Por otra parte, hoy se realizaron varias actuaciones en el segmento de la causa que está en manos de los fiscales, referido a las circunstancias concretas de las cinco muertes y los heridos graves.
La juez mantiene detenidos a seis policías acusados de herir de muerte a Alberto Márquez, quienes hoy fueron sometidos a una rueda de reconocimiento en instalaciones de la alcaldía de Comodoro Py. A pesar del secreto de sumario, se supo que al menos uno de los testigos convocados identificó a varios de los detenidos.
También concurrió a los tribunales uno de los heridos de bala que dejó la represión. Martín Galli, de 26 años, ratificó su declaración, y explicó que fue “baleado por la espalda” en Sarmiento y 9 de Julio, el mismo lugar donde cayò muerto Márquez.
En conversación con Diariojudicial.com, Galli –empleado y estudiante de letras- dijo que se salvo “de milagro” y contó que aún tiene dentro del cráneo un proyectil de 8,5 milímetros. Galli se mostrò “conforme” y esperanzado con la investigación judicial, en la que se constituyó como querellante representado por la abogada Cintia Castro, de la Liga Argentina por los Derechos de los Hombre (LADH).
“Es importante que hayan detenido rápido a los policías, creo que hay voluntad de avanzar”, explicó sentado en una silla de ruedas, la que no puede abandonar hasta concluir un proceso de rehabilitación para recuperar motricidad en su pierna derecha.