La presentación, que recayó en el juzgado federal número 8 a cargo de Jorge Urso, fue realizada por Facundo Eduardo Radrizzani, titular de una caja de ahorro en el banco Itaú. En dicha cuenta, la empresa Telecom Personal depositaba mensualmente sus salarios y posteriormente una indemnización despido. Luego de la sanción del decreto que establece el “corralito financiero”, el denunciante se vio privado de disponer de dichos fondos.
“La firma del decreto 1570/01 no es más que una clara y flagrante defraudación a todos los clientes de bancos, toda vez que se pretendió, por vía de un decreto de necesidad y urgencia, crear una legalidad o legitimidad a lo que no deja de ser una vulgar apropiación indebida”, señaló el denunciante.
En ese sentido, Radrizzani remarcó en la presentación “que dicha norma no era de necesidad ni de urgencia”. No era de urgencia, según la presentación, porque la fuga de divisas extranjeras se venía produciendo desde febrero de 2001, conforme manifestara el Ministerio de Economía, y el decreto recién fue firmado en diciembre de ese año. “Durante diez meses las autoridades, tanto del Gobierno Nacional, como las de contralor de las entidades financieras, omitieron adoptar las medidas conducentes a paralizar dicha fuga. La necesidad que alegan las autoridades surge, indubitablemente, del incumplimiento de los funcionarios de los deberes a su cargo”.
Según el denunciante, la ilegitimidad de dicho decreto está dada porque es violatorio de la Constitución Nacional y el Pacto de San José De Costa Rica, “ya que impide el uso y goce de la propiedad o de disponer libremente del salario”.
Radrizzani acusó a Horacio Liendo de ser el autor material de la redacción de dicha norma, por lo que sería el partícipe necesario de los delitos imputados. Por su parte, todos los firmantes del decreto fueron acusados por el denunciante como autores materiales y Maccarone y los demás directivos del Banco Central, además, deberán responder en orden al delito de malversación de caudales públicos.