A partir de la presentación, que recayó en el juzgado federal número 8 a cargo de Jorge Urso, el letrado fue citado para que ratifique la denuncia y sugiera elementos de prueba para que el magistrado siga con la investigación. El delito de coacción agravada está previsto en el artículo 149 del Código Penal.
La denuncia de Almeida tiene su origen en el programa radial que el presidente Duhalde tiene mañana por medio en Radio Nacional, donde calificó la conducta de los magistrados como un chantaje. Duhalde había asegurado que “los miembros de la Corte Suprema de la Nación se habían comunicado con legisladores nacionales y ministros del Poder Ejecutivo para chantajearlos, exigiéndoles que den marcha atrás con los trámites de los juicios políticos” iniciados en la Cámara Baja.
El abogado afirmó en su denuncia que “si las amenazas existieron, tal como lo expresó el presidente de la Nación, el delito se ha cometido por aquellos jueces que inflingieron las amenazas y con total independencia del sentido que le han dado a su voto”, en referencia al fallo que declaró inconstitucional el corralito.