De esta forma, la resolución adoptada por la Sala I de la Cámara rechazó el sobreseimiento que en su momento había dictado la juez de instrucción Mónica Berdión de Crudo sobre el ex director administrativo de la Legislatura Hugo Verdier y dos ex funcionarios del departamento de Compras, Omar Velázquez y Felipe Crespo.
En su resolución, los camaristas Edgardo Donna y Guillermo Navarro cuestionaron duramente a la magistrada y le ordenaron que profundice la investigación, además de sugerirle que encamine la pesquisa en torno al delito de malversación de caudales públicos.
En ese sentido, ambos magistrados subrayaron que de la descripción de los hechos analizados surge que en todo caso se estaría en presencia del delito de malversación de caudales públicos y “no de la figura de defraudación por administración fraudulenta, por lo cual el proceso debe encaminarse en tal dirección".
Entre las medidas ordenadas a la juez se encuentra la realización de una nueva pericia contable, y que reúna la totalidad de los expedientes administrativos que se labraron de acuerdo a los gastos, tanto de cajas chicas como de fondos rotativos, a fin de que puedan ser analizados conjuntamente con los restantes elementos de prueba".
Los ex funcionarios habían sido acusados de usar en forma fraudulenta dinero de una caja chica de diez mil pesos y de otros "fondos rotatorios" destinados a la compra de bienes y servicios cuyo monto superara los 40 mil pesos.
Cuando la juez resolvió la situación procesal de los acusados, que habían sido separados de sus cargos en forma preventiva, tuvo en cuenta que las pericias realizadas no informaban de ninguna irregularidad en el uso de los fondos.
De esta manera, la magistrada consideró que ninguno de los tres acusados había incurrido en los delitos de defraudación o en administración fraudulenta, sin embargo la Cámara no compartió su criterio y decidió revocar el sobreseimiento de los mismos.