Según el letrado, los puntos de la CN que quebranta el inciso 12 del decreto están contemplados en los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Carta Magna y remarca que con estas normas se lesionan los principios de división de poderes, la supremacía constitucional y el pacto de San José de Costa Rica.
Asimismo, apunta que el decreto 214 al impedir peticionar ante las autoridades judiciales en defensa de los derechos “establece una ventaja a favor de una de las partes en el proceso en detrimento de la otra” y agrega que de esta forma se violan abiertamente los derechos, garantias y principios que están indicados en la ley fundamental.
Además, recalca que el punto 12 de la norma dictada por el PEN, que traba por el término de seis meses la posibilidad de que se inicien acciones judiciales contra el denominado “corralito” bancario, “no resiste la más elemental confrontación con la CN, ya que veda en forma generalizada la posibilidad de los ciudadanos de cuestionar la incautación y expoliación de los depósitos”.
En tanto, concluye que toda la disposición implica el “avasallamiento del derecho a la tutela judicial efectiva, y opina que una vez vencidos los 180 días los procesos de amparos carecerán de toda “virtualidad”.