El jueves próximo, fecha para la cual la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) convocó a una movilización, ése será uno de los puntos del reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, en cuyo seno aseguran extraoficialmente que los contratos volverán a ser renovados en su mayoría, según confiaron voceros confiables a Diariojudicial.com.
En el fuero federal la preocupación por la situación de los contratados no fue menor ya que un promedio de entre cinco y doce empleados perderían sus actuales cargos, y los de menor rango quedarían en la calle.
Causas como las que se sustancian por la voladura de la AMIA, la de IBM-Banco Nación, entre otras, por citar expedientes emblemáticos, se verían afectadas en caso de producirse una suspensión de los contratos, en tanto en el fuero contencioso administrativo, donde la actividad se incrementó en forma notoria, voceros de esos tribunales reclamaron, por el contrario, un refuerzo en la planta de personal.
El secretario General de la organización sindical, Julio Piumato, advirtió ante una consulta telefónica en ese sentido que la suspensión de los contratos significaría “darle un golpe de muerte a la Justicia”.
El dirigente sindical precisó que el reclamo del gremio que nuclea a los empleados judiciales apunta a los contratos que van “desde el más alto rango para aquellos funcionarios de carrera, a la gran mayoría que son los puestos más bajos”, al admitir la posibilidad que se efectúe una depuración en caso que esos contratos no estén debidamente justificados, en el marco de un recorte presupuestario para la Justicia.
Asimismo, hizo referencia a aquellos juzgados de reciente creación que desde un comienzo funcionaron con “una planta reducida” completándola con personal contratado, mientras que anticipó que se volverá a reclamar la efectivización de aquellos que durante un tiempo prolongado se hayan desempeñado en un cargo.
A la situación de los contratados, se sumó en las últimas semanas la de auxiliares de la justicia, como los traductores, a quienes se les adeudan haberes atrasados de varios meses, y como sucede en la causa AMIA, la interrupción de los servicios que brindan esos profesionales afectaría, por ejemplo, el libramiento y recepción de oficios a países tales como Brasil, Alemania, Estados Unidos e Israel, según explicaron los voceros a este medio.