El magistrado, más allá de las limitaciones impuestas por las autoridades financieras, quiere establecer la responsabilidad penal,en orden a la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta", de los directivos de los bancos que tomaron los depósitos, quienes aseguran, desde la instauración del corralito financiero, estar jaqueados ante la posibilidad de tener que devolver ese dinero, ya que el mismo –en su gran mayoría—fue prestado a otros clientes.
Bergés había convocado ayer a quienes se encuentran en la misma situación que el ahorrista denunciante, y a ese llamado respondieron unas 300 personas, cuyos testimonios dieron origen a los allanamientos.
Además de las dos entidades mencionadas, el magistrado allanó esta madrugada las casas centrales de los bancos Galicia y BankBoston, en tanto que el viernes lo hizo respecto de dependencias del banco Sudameris, donde el denunciante efectuó un deposito en caja de ahorro.
Según confiaron voceros cercanos a la causa, Bergés apunta a revisar los balances de las entidades y toda documentación que haga al funcionamiento de las mismas, con la colaboración de cuatro peritos contables de la Gendarmería Nacional.
El magistrado, de turno durante el mes de febrero, no descartaba esta tarde la posibilidad de nuevos allanamientos a otras entidades, sospechadas de haber intervenido en maniobras defraudatorias en perjuicio de sus ahorristas, aunque derivó a la justicia federal todas aquellas denuncias iniciadas contra el Banco de la Nación Argentina.
Frente al despacho del juez hoy podía observarse una concurrida presencia de damnificados por el corralito, en su mayoría personas de edad avanzada que ven, según explicaron, que están “perdiendo los ahorros de toda una vida”.