En una acordada suscripta por los once integrantes de las cuatro salas que conforman la Cámara, los magistrados advirtieron que “la inamovilidad de los jueces y la independencia del Poder al que pertenecen, no constituye un privilegio de los magistrados sino que ha sido puesta por los constituyentes en resguardo del derecho de la sociedad y de los individuos a tener una justicia imparcial”.
El tribunal se reunió ayer en acuerdo extraordinario para manifestar su “preocupación por toda iniciativa que tienda a hacer cesar en sus funciones a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación por procedimientos reñidos con las disposiciones de la Constitución nacional”.
El proyecto que se encuentra a estudio de la Comisión de Justicia de la Cámara de la Cámara de Diputados ha recibido el rechazo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y en el caso de la Cámara de Casación sería uno de los tribunales –junto con la Corte Suprema—más afectado ya que se vería diezmado en caso de una jubilación forzada de sus miembros.
En la Corte el único de los miembros que no tiene la edad mínima requerida para tramitar la jubilación es Antonio Boggiano.
Al pronunciarse a través de la Acordada 1/ 02 la Casación alertó que “el reemplazo de magistrados judiciales de la República debe operarse mediante procedimientos de cese y de remoción respetuosos de la Constitución y de la Ley, cuya oportunidad y conveniencia deben ser meditadas rigurosamente por gobernantes y gobernados”.
Destaca que el proyecto del Ejecutivo “omite considerar nada menos que la afectación a la estabilidad de los magistrados comprendidos en la norma proyectada y que es parte de la garantía de la Independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público (arts. 110 y 120 de la CN. y art 13 de la ley 24.946) que aparece flagrantemente conculcada al obviarse la renuncia expresa y voluntaria de los interesados y soslayarse, así, su cese o remoción por los medios constitucionalmente permitidos”.
Por último, los camaristas resolvieron poner en conocimiento de lo acordado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por su intermedio a los otros Poderes del Estado, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones y a los órganos dependientes de esta jurisdicción”.
La acordada lleva la firma de los jueces Wagner Gustavo Mitchell, Raúl Madueño, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, Juan Fégoli, Eduardo Riggi, Ana María Durañona y Vedia Amelia Berraz de Vidal, Pedro David, Alfredo Bisordi, Liliana Catucci y Guillermo Tragant.